La Secretaría de Contraloría revocó la inhabilitación por más de 12 años como funcionario y una sanción por más de 12 millones de pesos, al ex-subsecretario marinista de Obras Públicas, Efraín Ruiz Meneses, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito.
Durante el 2012, el Juzgado Primero de lo Penal en Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Ruiz Meneses, exsubsecretario en la administración del priista Mario Marín Torres, como probable responsable de cometer el delito de enriquecimiento ilícito.
Fue ligado como uno de los funcionarios cercanos a Javier García Ramírez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, durante la misma administración y quien aún es buscado por la Policía Internacional (Interpol) por el delito de peculado por 23 millones de pesos, por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla.
Tras conocer la orden de aprehensión en su contra, Ruiz Meneses tramitó el amparo 44/2011 en el Juzgado Tercero de Distrito el 15 de enero del 2012 y aunque en 2016 la Contraloría le fincó responsabilidades, impugnó, se desconoce cuándo, las sentencias, según el documento que está en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La publicación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) –antes Contraloría– señala que se revocó la inhabilitación por 12 años, seis meses como funcionario público y una sanción económica por 12 millones 892 mil 652 pesos, de acuerdo con la información con fecha de resolución del 5 de febrero del presente año (en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido) y validación del 8 de octubre del mismo, ya en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
En la página 41 de la resolución a cargo de Sonia Cervantes Tello, coordinadora Jurídica de la Secretaría de la Contraloría de Puebla, se señala que la revocación dejará sin efectos el dictamen del entonces director Jurídico de lo Contencioso y Situación Patrimonial de la misma dependencia, identificada como DJCSP-377/2016, en la que se impuso las sanciones a Ruiz Meneses.
Funcionarios perseguidos
Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle como gobernador de Puebla, se emprendió una persecución en contra de funcionarios marinistas por malversación de fondos.
El primero en caer fue Alfredo García Arango, quien consiguió la suspensión provisional con el pago de una fianza de 15 mil pesos y tras siete años de persecución, ganó la batalla legal que lo llevó a estar encarcelado cerca de un año, cuando el 31 de julio, el Poder Judicial de la Federación le quitó la sanción de mil 904 millones 448 mil pesos y su inhabilitación como funcionario por violaciones a los derechos humanos.
Entre los otros funcionarios perseguidos figuraban; Juan Manuel Alcántara Silva, David Villa Issa, Víctor Manuel Hernández Quintana, Victoria Olivia Huerta Sánchez y Gerardo Pérez Salazar.
