En septiembre de 2018, un interno del penal de San Miguel se quitó la vida debido a una autoagresión que se hizo, ante lo que los custodios fueron omisos, pues no realizaron sus labores de vigilancia, por lo que la CDH emitió una recomendación a la SSP.
El expediente 6/2019 publicado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) fue girado por la violación al derecho humano a la vida, y es el segundo que dirige a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en lo que va en el año, aunque los hechos se registraron cuando al frente de la dependencia estaba Jesús Morales Rodríguez, de la administración de Antonio Gali Fayad.
En el documento se especifica que, del análisis de los hechos y evidencias que lo integran, se detectó que personal del Centro de Reinserción Social (Cereso) fue omiso en llevar a cabo sus funciones, pues no implementaron medidas para vigilar a la persona que se encontraba privada de su libertad, lo que derivó en una autoagresión que le provocó la muerte.
Precisó que la autoagresión no exime de responsabilidad a los servidores públicos del centro penitenciario, ya que ellos tenían a su cargo el resguardo del ahora occiso y particularmente la obligación de salvaguardar su integridad y salud.
Se acreditó que el personal de Seguridad y Custodia que se encontraba en servicio no estaba enterado de los hechos, pues no hay constancia de que se haya realizado recorrido, revisión o vigilancia al lugar donde se encontraba el interno recluido.
Por lo anterior, la comisión refirió que los hechos muestran que las autoridades carcelarias no cumplieron con una efectiva protección de los derechos humanos, al dejar de observar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto, los cuales tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Ante esto, emitió seis recomendaciones que se proporcione a los familiares directos, atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos.
SSP debe reparar daños a los familiares
También, se gire instrucciones para que se realicen los trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los familiares directos, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas.
Pidió instruir al personal del Cereso para que se sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida los internos, además de que brinde capacitación de respeto y protección de los derechos humanos relacionada con la integridad, seguridad personal y vida, con la finalidad de evitar que se vuelvan a repetir estos audios.
Otra de las recomendaciones es colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación (CDI) iniciada por las omisiones en que incurrió personal del cereso durante los hechos y que el Órgano Interno de Control de la SSP inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos del penal.
Suman 6 recomendaciones en el año
Con estas recomendación suman seis las que el organismo autónomo emite en lo que va del año, pues la primera fue en marzo dirigida al ayuntamiento de Chiautla de Tapia, que dirige Juan Domínguez Espinosa, mientras que las otras dos fueron en junio.
De esas, una fue dirigida a la SSP cuando la encabezaba Manuel Alonso García por no garantizar la vida de una reo en el penal de San Miguel, y la otra al edil de Chietla, Olaf Ponce Cortés, por violar el derecho de petición.
Mientras que otras dos fueron en septiembre pasado, para los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula; al primero porque policías municipales agredieron a ciudadanos en una revisión de alcoholímetro y, al segundo, por no garantizar el derecho a la seguridad jurídica de un ciudadano.
