La CDH de Puebla emitió dos recomendaciones para los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula; al primero por agredir a ciudadanos en una revisión de alcoholímetro y al segundo, por no garantizar el derecho a la seguridad jurídica de un ciudadano.
De acuerdo con la información de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), los hechos se acreditaron en 2017 con las autoridades municipales pasadas, pero el proceso fue concluido este año y fueron notificadas a los actuales ediles en agosto, por lo que deberán dar cumplimiento a ellas.
En el caso del ayuntamiento de San Pedro Cholula, que dirige Luis Alberto Arriaga Lila, asentado con el expediente 5/2019, fue por acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad en agravio de tres personas y un menor de edad.
Y es que, del análisis de los hechos y evidencias que integran el expediente 2736/2019 y su acumulado 4474/2017, se detectó que elementos de la policía municipal realizaron la detención de cuatro personas, después de que uno de ellos dio positivo en la prueba de alcoholemia.
Posteriormente, tres de ellos fueron sujetos de lesiones y su detención no se calificó de legal debido a que el juez de control resolvió que no se justificó la aprehensión por parte de la autoridad señalada.
Por ello, la CDH en la recomendación pidió a Arriaga Lila que se proporcione a los agraviados atención médica y psicológica, para restablecer su integridad física y permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas en los hechos.
Pide a Contraloría investigar
Solicitó que Contraloría municipal inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la Policía Municipal señalados, de trámite de la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los servidores públicos señalados como responsables.
Además, que se brinde a los elementos policiacos capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, principalmente en el uso de la fuerza, con el fin de evitar que actos como los señalados se repitan, así como se emita una circular para que los uniformados se sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano.
En lo que refiere al ayuntamiento de San Andrés Cholula, a cargo de Karina Pérez Popoca, la CDH determinó en la recomendación 4/2019 del expediente: 7058/2017 y su acumulado 2600/2018 debido a que el quejoso manifestó que fue construida una barda que obstruye el libre tránsito tanto peatonal como vehicular en la calle Prolongación Crolls Mexicana como ingreso al terreno a pesar de que es propiedad privada.
En la queja, el peticionario manifestó que los servidores públicos del ayuntamiento incurrieron en falsedad al decir que el predio donde se construyó la segunda barda es propiedad de particulares, pues en el contrato de comodato del 16 de febrero de 2007, se desprende que la fracción de terreno es propiedad del afectado y por lo tanto le debe de ser regresada para uso de utilidad pública
Tras hacer el análisis, arrojó que la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de ese municipio señaló que no existe una vía pública con dicho nombre, y que el área en comodato no constituye vialidad pública, sin embargo, el funcionario omitió tomar en consideración la existencia del convenio de cambio de destino de uso, afectación y cesión al particular.
Lo anterior porque el comodato fue constituido mediante el “Convenio de Cambio de Destino, Afectación y Cesión”, de fecha 4 de noviembre de 2011, en el que se señaló expresamente que el mismo signó con el fin de “evitar juicios de servidumbre de paso innecesarios” y del que se desprende la firma del secretario en turno.
En el año suman ya 5 recomendaciones
Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la recomendación, se acreditó la violación a los derechos seguridad jurídica y la CDH pidió al gobierno municipal que inicia el procedimiento administrativo de orden público para restituir el paso al predio “Jahueyotla” sobre la privada Crolls.
De igual forma, para evitar la repetición de actos, deberá emitir una circular a los servidores públicos del ayuntamiento para que se abstengan de realizar u omitir acciones que contravengan la legislación mexicana y tratados internacionales de los derechos humanos, sobre todo el de la seguridad jurídica.
Otra recomendación es la de dar vista a la Contraloría Municipal para que dé continuidad al expediente de seguimiento iniciado bajo el número PA1, a fin de determinar sobre la posible responsabilidad administrativa en que haya incurrido personal del ayuntamiento,
Deberá colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de la carpeta de investigación CDI1 y su acumulada CDI1.1, a fin de determinar la responsabilidad penal en que hayan incurrido los servidores públicos.
Con estas recomendaciones suman ya cinco las que el organismo autónomo emite en lo que va del año, pues la primera fue en marzo dirigida al ayuntamiento de Chiautla de Tapia, que dirige Juan Domínguez Espinosa, mientras que las otras dos fueron en junio.
De estas, una fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando la encabezaba Manuel Alonso García por no garantizar la vida de una reo en el penal de San Miguel, y la otra al edil de Chietla, Olaf Ponce Cortés, por violar el derecho de petición.
