La CDH emitió en junio dos recomendaciones, una dirigida a la SSP encabezada por Manuel Alonso García por no garantizar la vida de una reo en el penal de San Miguel, y otra al edil de Chietla, Olaf Ponce Cortés, por violar el derecho de petición.
De acuerdo con la información de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), los hechos se acreditaron durante el segundo semestre del 2017 con las autoridades anteriores, pero que tendrán que dar cumplimento las actuales.
Con estas recomendaciones suman ya tres las que el organismo autónomo emite en lo que va del año, pues la primera fue en marzo y dirigida al ayuntamiento de Chiautla de Tapia, que dirige Juan Domínguez Espinosa.
La recomendación 2/2019, de acuerdo con el expediente 5208/2018, un ciudadano del municipio de Chietla, el 26 de diciembre de 2017, solicitó información a través de un escrito que presentó en la Oficialía de Partes de la presidencia de esa demarcación sin tener respuesta.
Tras esto, el afectado acudió a la delegación de la CDH en Izúcar de Matamoros el 5 de septiembre del año pasado a interponer una queja, misma en la que denunció violaciones a sus derechos humanos por personal del ayuntamiento.
Luego de solicitar información de ambas partes y tras analizar los hechos, el organismo autónomo manifestó que hay elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al derecho humano de petición.
Comuna de Chietla viola derecho de petición
Derivado de esto y con la finalidad de resarcir el derecho vulnerado, el 27 de diciembre de 2018, a través de la Segunda Visitaduría General, la CDH optó por una propuesta de conciliación radicada con el número 23/2018; sin embargo, no hubo pronunciamiento por parte del ayuntamiento.
Según el artículo 99 del Reglamento Interno de la CDH de Puebla, “la autoridad o servidor público a quien se envíe una propuesta de conciliación dispondrá de un término de seis días para aceptarla”, por lo que al no haber respuesta se procede a dictar una recomendación.
Por ello, en la recomendación se pidió que se dé contestación al escrito presentado en la Oficialía de Partes, justificando ante la CDH su cumplimiento; y se emita una circular en la que se instruyan al personal de la Comuna para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano.
Además, los funcionarios municipales deberán recibir capacitación relativa a los derechos para evitar actos similares; y se dé vista a la Contraloría para que decida si se inicia procedimiento de determinación de responsabilidades.
Así como se instruya por escrito a la Sindicatura municipal que vigile que los actos de los servidores públicos protejan y garanticen las garantías individuales, lo cual deberá informarse del cumplimiento.
Custodios fueron omisos en cuidado de reo
La otra recomendación fue la 3/2019, radicada en el expediente 4477/2017, que la CDH inició luego de que el 14 de agosto de 2017 se dio a conocer por medio de una nota periodística que un reo había muerto a causa de una golpiza al interior del penal de San Miguel.
Mediante el oficio DQO/3475/2017, se solicitó un informe a la Dirección General de Centros de Reinserción Social (Ceresos) sobre los hechos señalados, cuya respuesta fue que el 11 de agosto de ese año se trasladó al Hospital General del Sur a la persona golpeada a las 8:30 horas.
Al realizar el análisis lógico jurídico practicado a las evidencias, se determinó que personal del Cereso cometió omisión y violaciones a los derechos humanos a la vida, por no llevar a cabo acciones a las que están obligados de acuerdo con sus funciones como servidores públicos; así como mostraron “limitada capacidad”, ya que tenían que implementar medidas necesarias para vigilar adecuadamente a las personas privadas de la libertad.
De igual manera, el dictamen médico legal y forense concluyó que la víctima, al momento de su deceso, presentó 11 lesiones, las cuales fueron producidas por contusiones; hemorragia, generalizada secundaria a traumatismo craneoencefálico y traumatismo tórax visceral cerrado, concluyendo una muerte violenta y sin patologías.
La CDH manifestó que si bien es cierto que el fallecimiento no puede ser jurídicamente atribuido a las autoridades penitenciarias, el reo presentó alteraciones a su integridad física y que tal circunstancia no exime de responsabilidad a los elementos de Seguridad y Custodia de los Ceresos
Con ello se evidenció que incumplieron en su obligación que les impone el artículo 19, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal que dice que “la custodia penitenciaria será una atribución de la autoridad consistente en salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros”.
SSP deberá reparar daños a familiares
Por esto, la CDH — que preside Adolfo López Badillo— emitió seis recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las que establece que se proporcione a los familiares directos de la víctima atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas por los hechos.
Realizar los trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los familiares, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos
Ordenó a la Dirección de Ceresos y a los elementos de custodia para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano; y se les brinde capacitación sobre la protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional.
Finalmente, pidió que colabore con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación aportando las pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y se de vista al Órgano Interno de Control, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra del personal adscrito al Cereso.
