Lilia Vélez Iglesias, académica de la Universidad Iberoamericana, calificó como “buena noticia” que el gobernador Miguel Barbosa Huerta vaya a desclasificar la información sobre magnas obras y contratos durante el morenovallismo, pues esta acción respeta el principio constitucional de máxima publicidad.
En entrevista, tras participar en la inauguración de los foros para la construcción de la Ley de Participación Ciudadana de Puebla, la especialista en temas de transparencia indicó que con esta medida se podrán conocer los contratos de mega obras como el Museo Internacional del Barroco (MIB) y las ciclopistas.
Refirió que, con dicho decreto, la administración estatal morenista se apegaría a lo que marca la Constitución federal en su artículo 6, así como lo que marca la Ley de Transparencia del estado.
Y es que –dijo– en el sexenio morenovallista se clasificó la mayor parte de la información, sobre todo en lo que tiene que ver con obras y proyectos grandes, pues entre más era el monto de los recursos, más se reservaba, lo cual se hizo sin argumentos que respetaran el marco jurídico.
“Los estudios que hicimos sobre las obras arrojaron que estaban injustificadas y eran claramente violatorias a lo que establece el artículo sexto constitucional. Lo que hacía falta es voluntad política y celebramos que ahora se esté mostrando voluntad para transparentar todos estos recursos”, expuso.
Sostuvo que el anuncio es “excelente” en temas de transparencia, pues por varios años se violentó el derecho a la información que tienen los poblanos, así como a conocer cómo se utilizan los recursos y de qué manera se tomaron las decisiones para ejecutarlos.
Decreto abonará a la transparencia
Vélez Iglesias refirió que la transparencia por parte de sujetos obligados no sólo consiste en publicar la información, sino verificar que esté completa, pues la ley establece que todo acto de gobierno se debe documentar y a su vez subirse a la página, principalmente en los que tiene que ver con obras.
Recordó que, en 2017, durante la gestión del exgobernador Antonio Gali Fayad el Congreso local reformó la ley en la materia para que los Proyectos de Prestación y Servicios (PPS) y Asociación Pública Privada (APP) no se catalogaran como deuda pública y por ende no se sabe el costo real.
“Esto nos va a permitir conocer el monto que se tiene porque lo que hubo fue el ocultamiento de una deuda del estado. Con el morenovallismo, la confianza y la credibilidad de las instituciones se perdió”, asentó.
Asimismo, dijo que si cada sujeto obligado puede desclasificar la información una vez que considera que se agotaron o eliminaron las causales de la reserva, pero el decreto que emita Barbosa Huerta será una manera más efectiva de hacerlo.
Es necesario precisar que el mandatario poblano anunció el lunes pasado que presentará un decreto para desclasificar la información respecto a obras, expedientes y demás contratos que de dieron del 2011 a la fecha.
