El poder económico de las empresas cercanas al río Atoyac ha pesado más que las políticas públicas medioambientales para poder sanearlo, sumado a la corrupción que se genera por los bajos costos de las sanciones que se tienen para quien contamine.
Así lo señaló, en entrevista, tras la presentación del “Documental Río Atoyac –Serie Periferias– María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto de Investigaciones en Medios Ambiente (IIMA) Xabier Gorostiaga, quien lamentó que a pesar de que haya una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema las autoridades son omisas.
Sostuvo que está situación no es actual, sino que viene de años atrás y, que sexenio tras sexenio han dejado a un lado los gobernantes, debido a que hay vacíos de poder y no cumplen con su función, aunado a la falta de aplicación de la normatividad.
Sin embargo, la especialista comentó que la misma sociedad se está acostumbrando a tener un río que hoy es un “drenaje abierto”, lo que provoca que se “triangule en la confabulación” para seguir ensuciando el Atoyac y omitir las acciones que se podrían hacer para tener un afluente limpio.
“El poder económico pesa y es tan fuerte que limita, y mucho, la acción de las políticas medioambientales, pero el problema es que no debemos cruzarnos de brazos, sino ver que es lo que se tiene para contravenir eso y poner énfasis en que se paguen los daños que se generen”, pronunció.
En ese tenor, consideró que uno de los principales puntos que se tienen que atender es incrementar las sanciones y darle facultades a los gobiernos estatales, no solo a las federales, ya que son “tan bajas” y “tan poco probables” que las empresas optan por no pagarlas.
Y es que, dijo, si la multa es suficientemente alta, el que contamina tendrá que hacer las inversiones necesarias para no tener que pagarlas, pero si es baja y la probabilidad de que lo multen es menor, lo cual genera que no destinen recursos en tecnologías y mejoras.
La académica comentó que en la Ley de Agua que se está trabajando “ojalá” sea general y no solo se contemple a las aguas nacionales, para que se puedan alinear en un mismo sentido y evitar que se sigan dando los vacíos de poder, que lo único que dejan es espacio para corrupción que puede ser tomado por empresas o las propias autoridades.
Positivo tener Secretaría de Medio Ambiente
Ibarrarán Viniegra calificó como positivo que se haya separado la Secretaría de Medio Ambiente de la de Desarrollo Rural, pues mientras más se alineen las dependencias estatales a las federales se puede tener una mejor coordinación para trabajar en el mismo tema.
“El tema ambiental tiene que estar muy por arriba del desarrollo urbano, mucho del problema del despojo de agua es porque los proyectos urbanos pueden verse más importantes que la protección ambiental, son cuestiones diferentes que deben ser tratados con la misma seriedad”, expresó.
En tanto, durante la presentación del documental, se señaló que es urgente actuar para el saneamiento, pues las amenazas de daños graves e irreversibles en la salud son un hecho, pues el deterioro en la calidad del agua se explica en gran medida por los problemas que existen en torno al tratamiento de los afluentes industriales y municipales.
También se detectó la condición tóxica del río, a través de diversas pruebas experimentales con bacterias, crustáceos y peces, por lo que los resultados arrojan que el agua del afluente es nociva particularmente en el tramo que pasa por la zona metropolitana de Puebla.
Además de que se han encontrado más de 50 contaminantes, entre los que figuran compuestos y elementos cancerígenos para el humano reconocidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), y las poblaciones que habitan en las cercanías del río son las más vulnerables a la inhalación de compuestos tóxicos volátiles.
