El millonario negocio de los uniformes y zapatos escolares
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que al nuevo secretario de Educación Pública del estado, Melitón Lozano Pérez, no le falta razón al denunciar que hubo un gran negocio en la compra de uniformes y zapatos escolares que realizó el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido por más de 400 millones de pesos.
Tampoco en cuanto a sus quejas sobre la calidad y deficiencias de las telas, hilos, tejidos y componentes de las prendas y calzado para los escolares del próximo ciclo lectivo.
El asunto no tendría que quedarse en una denuncia pública, sino investigarse a fondo, hasta que sean sancionados los funcionarios involucrados y los empresarios favorecidos, en caso de que se acrediten los sobrecostos y las anomalías expuestas esta mañana por el nuevo titular de la SEP.
Un problema de entrada es quién hará la investigación, pues la titular de la nueva Secretaría de la Función Pública en la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, Karen Berlanga Valdés, fue la encargada de la Secretaría de la Contraloría en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
La investigación tendría que partir de un comparativo de costos, entre lo que se pagó en 2018 y lo que se erogó este año y otro comparativo de las empresas que participaron en uno y otro año en la confección de uniformes y la fabricación de zapatos.
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La mal usada autonomía de la BUAP
La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, señala que : La visita del gobernador Miguel Barbosa Huerta al plantón que mantuvieron durante 27 días en el zócalo integrantes del Frente Estudiantil Educación para Todos, en exigencia de más espacios para quienes no pasaron el examen de la BUAP, es una muestra de tolerancia pero a su vez evidencia que la autonomía ha sido mal usada por quienes han estado al frente de la rectoría: controlan el Consejo Universitario y sus sindicatos; despiden a quienes se revelan sean administrativos o académicos; censuran a la prensa y muestran indiferencia a las protestas en lugar de dialogar.
El cargo de rector ha pasado de ser un administrador a un ente con poder político y financiero durante los últimos 24 años, mieles que han probado durante gestiones de ocho años, cuatro de éstos por reelección, personajes como Enrique Doger Guerrero, Enrique Agüera Ibáñez y actualmente Alfonso Esparza, al menos así coinciden quienes han manifestado oposición a sus gestiones y en consecuencia han sido parte de una cacería de brujas utilizando sus propias instituciones para juzgar y sancionar.
Tan es así, opinan quienes conocen la ley, que el concepto de autonomía que les otorga el artículo 3° Constitucional a las universidades públicas, ha sido desvirtuado no por la comunidad universitaria, sino por quien está al frente de la rectoría.
Sin embargo, lo ocurrido el lunes pasado de que un gobernador se acerque por primera vez a universitarios en plantón apoyando a quienes no pudieron ingresar a la BUAP, es algo nunca antes visto y desde luego que no significa violentar la autonomía de la institución, sino es dar una muestra de que mediante el diálogo se pueden dirimir problemas, posición que al menos ante la opinión pública Esparza Ortiz no comparte y que parece así mantendrá hasta el 2021 cuando entregue el cargo.
Tarde o temprano el poder se acaba, el cual no es malo si se sabe usar para fines colectivos y no personales.
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La Operación Morena
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que un punto clave para mantener la mayoría en el Congreso del Estado y ganar el mayor número de ayuntamientos por parte de Miguel Barbosa en las elecciones intermedias de 2021 es fortalecer realmente a Morena, que haya una verdadera respuesta y no se corran riesgos innecesarios como los de este año cuando tuvieron que ser salvados por el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.
La estrategia de Barbosa es clara, enviar a uno de sus hombres de mayor confianza para que manteniendo un perfil bajo resuelva la crisis interna en Morena después de la elección de 2019, pero además evitar la llegada de infiltrados al partido lopezobradorista como ocurrió en el PRD o en Acción Nacional durante el morenovallismo.
El personaje responsable de esta “Operación Morena” no podría ser otro más que Eric Cotoñeto Carmona, quien al no reunir los requisitos para ser presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional, por el tiempo de militancia, será el enlace entre el gobernador y el partido para diseñar la estrategia rumbo al 2021.
El propio Cotoñeto lo dice “no quiero ser soldado de escritorio”, la realidad es que podía quedar en una dirección o subsecretaría, pero no tendría reflectores, sin embargo al aparecer trabajando en la base del partido se comienza a ver uno de los posibles integrantes del poder legislativo para el período 2021 – 2024 que será el momento más difícil para el gobernador, en caso de no ganar la mayoría en el Congreso.
Y el riesgo, créame es mucho, porque entre otras cosas, en ese 2021, los poblanos calificaremos a la primera generación de presidentes y presidentas municipales que llegaron arrastrados por la ola de AMLO… y ya sabemos que la población no está nada contenta con las administraciones actuales.
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Desde la Contraloría intrigan para debilitar al nuevo secretario de Salud
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que parece que pesa una maldición sobre la Secretaría de Salud (Ssa) de Puebla, ya que ha sido la dependencia con mayores escándalos de corrupción y de conflictos en las últimas cuatro gestiones estatales. Ahora parece perfilarse un escenario similar en el arranque del nuevo gobierno –que está bajo el impulso de la cuarta transformación pública del país, la 4T–, pues resulta que ya estaría en marcha una estrategia para debilitar y probablemente hacer caer al actual titular de la Ssa, Jorge Humberto Uribe. Lo que resulta novedoso, o mejor dicho patético, es que esa campaña proviene de otra área del Poder Ejecutivo, de la Contraloría, que ahora es conocida como Secretaría de la Función Pública.
Fuentes internas y bien informadas de la Ssa no dudan en calificar como un trascendental acierto el nombramiento de Jorge Humberto Uribe como secretario de Salud, por ser un prestigiado médico y ajeno a las mafias que han controlado esta dependencia. Ello, parece ser una garantía para combatir los intereses creados que dejó el grupo político de Jorge Aguilar Chedraui, quien durante el morenovallismo convirtió a la dependencia en un coto de poder y corrupción.
El problema es que ha surgido en los primeros días del actual gobierno una rivalidad entre el equipo del nuevo secretario de Salud y una mujer llamada Patricia Montalvo Paquini, quien es funcionaria de la Secretaría de la Función Pública y protegida de Karen Berlanga, la titular de esta última dependencia.
Dicen quienes conocen las entrañas de la Ssa que Patricia Montalvo habría confiado a funcionarios de esa misma dependencia que tendría instrucciones precisas de la Contraloría de imponer su ley en la Secretaría de Salud y de ser necesario, debilitar la autoridad de Jorge Humberto Uribe, con la intención de hacerlo caer del cargo.
Patricia Montalvo, cuentan en los pasillos de los servicios de salud, que se ostenta como alguien que conoce el teje y maneje de la Ssa y por esa razón, ha estado presionando para colocar a nuevos funcionarios identificados con el grupo político de Karen Berlanga.
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Barbosa encuentra su propia forma de ejecutar la 4T en Puebla
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que el modelo neoliberal de gobierno que dominó México durante los últimos treinta años tuvo un gran éxito al implementar la idea de que el tiempo de los gobernantes es muy valioso y que no deben desperdiciarlo atendiendo a los gobernados, pues esa es tarea de los funcionarios menores, también denominado staff, como se llama al conjunto de gatitos de angora que rodea a los servidores públicos más importantes de una administración.
Según esta concepción neoliberal, el gobernante tiene cosas más importantes que hacer con su tiempo. Elaborar proyectos, programas con base a su expertis o títulos académicos; reunirse con sus subordinados para hacer “equipo”, dedicar largas comilonas con periodistas o empresarios, promoverse para otro cargo o un puesto de elección popular, evaluar las políticas públicas a su cargo.
También ponerse a disposición del superior jerárquico para los que se ofrezca, entendiendo como “lo que se ofrezca” ir por unos tragos, invitar a las secretarias a bailar, cobrar comisiones de la obra pública o de las licitaciones. Es decir, un conjunto de actividades en las que no aparece el llamado “pueblo”.
El “pueblo” sólo existe para las inauguraciones de obras en las que el gobernante en turno pronuncia un discurso sobre los logros de su gobierno, las bondades de la obra o la propia “vanagloria” de un gobierno comprometido con la gente. Estrecha algunas manos, pues la mayor parte son acarreados.
Ese pueblo sólo tiene derecho de aplaudir al Tlatoani, y según el grado de osadía, acercarse al staff para entregarle peticiones por escrito en folders, folders que según se canalizan al área de Atención Ciudadana, pero en realidad sólo acaban en el triturador.
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