La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el allanamiento a la casa Lydia Cacho Ribeiro en Quintana Roo, de donde robaron información de casos de pederastia; la FGR señaló que investiga tomando en cuenta su labor como periodista.
A través de un pronunciamiento, el organismo calificó el asalto, registrado el domingo, como “altamente preocupante” debido a que los dos responsables sustrajeron material periodístico, además de destruir pertenencias de la reportera y matar a sus dos perros.
Recordó que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló al Estado mexicano por violar los derechos fundamentales de la periodista en 2005.
Exigió también al Estado mexicano investigar la posible relación con la labor de la periodista y, horas más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que señaló que el 21 de julio se abrió la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de robo, derivado de la manifestación de la víctima respecto a la posibilidad de que el hecho se encuentre vinculado a su ejercicio periodístico.
Afirmó que realizará las diligencias correspondientes para determinar el móvil del delito con relación al ejercicio periodístico.
Agregó que peritos especializados en materia de criminalística de campo, dactiloscopia, fotografía, telecomunicaciones e informática se encuentran en el lugar de los hechos.
Autoridades locales también deben investigar
En caso de que se determine que el delito se cometió con la finalidad de afectar la libertad de expresión, mencionó que procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales; todo ello con relación a la competencia de las autoridades locales, a las cuales les corresponde la persecución de los delitos del fuero común, como lo es el robo.
Sobre los datos robados, la organización Artículo 19 detalló el lunes, que se trata de 10 discos duros de información de alto interés público relacionada con los casos de pederastia que la periodista investigaba.
Asimismo, alertó que expertos en seguridad consultados por Cacho Ribeiro señalaron que los asaltantes “iban por ella”, pero afortunadamente no se encontraba en el domicilio, ubicado en un fraccionamiento de Puerto Morelos.
En ese año, autoridades ministeriales poblanas la detuvieron en Quintana Roo y la trasladaron a Puebla, donde fue procesada por el delito de calumnia por la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, donde señalaba a políticos y empresarios como parte de una red de pederastia, entre ellos el poblano Kamel Nacif Borge.
En colusión con este empresario, la cual fue exhibida en el audio de una llamada telefónica, el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, habría ordenado el operativo contra Cacho Ribeiro.
Por lo anterior, el pasado 11 de abril, un juez de Quintana Roo reabrió el caso y ordenó aprehender, por el delito de tortura, a Marín Torres, Nacif Borge, el excomandante Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam.
A más de tres meses, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha detenido a Sánchez Moreno, pero el exgobernador, el empresario y Adolfo Karam siguen prófugos.
