El domingo, dos sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien en 2005 acusó de tortura al exgobernador Mario Marín Torres, que tiene una orden de aprehensión girada desde abril de este año sin que haya sido detenido.
Así lo denunció Artículo 19, quien afirmó que se trató de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión.
Relató que los agresores irrumpieron al domicilio en Puerto Morelos, Quintana Roo, a las 18:30 horas, aproximadamente, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma.
Sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia, de lo que la reportera tiene respaldos de seguridad en el extranjero.
Además del robo de información, desordenaron su recámara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.
Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar.
A19 exige seguridad y sanciones
Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Cacho Ribeiro por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo, afirmó la organización.
El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación.
Todo esto como consecuencia de la publicación del libro “Los demonios del edén” en el cual se exhibe una red de pederastas que opera en los Estados mencionados; la periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística.
Cabe destacar que, como consecuencia del dictamen del CDH de la ONU, la Fiscalía Especia para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Marín Torres, el empresario Kamel Nacif Borge, el excomandate Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, exdirector de la Policía Judicial (en la administración del priista), por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.
Para Artículo 19, las agresiones de este 22 de julio constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Cacho Ribeiro, que ha llevado más de 14 años.
El allanamiento y la sustracción de material periodístico con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de la periodista, quien es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez.
Por ello, a pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi cinco meses de la disculpa pública del Estado mexicano, la organización internacional exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR), se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y se sancione a los responsables de estos hechos.