Durante 2018, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió 16 recomendaciones –tres para la SSP–, y tramitó 31 conciliaciones por violaciones a derechos humanos, tres más y tres menos, respectivamente, que el año anterior.
En su informe anual de actividades, detalló que recibió 7 mil 684 solicitudes de intervención, de las cuales 1 mil 446 fueron quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; 5 mil 631 orientaciones; 54 incompetencias; 100 antecedentes; 273 diligencias oficiosas; 142 remisiones y 38 pendientes por calificar.
Respecto a las conciliaciones, 14 fueron para los municipios de Tehuitzingo, Huauchinango (con tres), San Felipe Teotlalcingo, Chiautla de Tapia, Tenampulco, Izúcar de Matamoros, San Gabriel Chilac, San Pedro Cholula, Chietla, Huaquechula, San Andrés Cholula, Chiconcuautla, principalmente por seguridad jurídica y derecho de petición.
Otras diez fueron para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep), tres a la Fiscalía General del Estado (FGE), dos a Centros de Reinserción Social (Ceresos), uno a Servicios de Salud y uno a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las cuales se cumplimentaron 33, al agregar dos de años anteriores.
FGE vulnera derecho a seguridad
Por otra parte, la CDH emitió dos recomendaciones a la FGE por vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, e integridad y seguridad personal de dos presuntos ladrones en noviembre de 2015, y porque policías ministeriales detuvieron de manera ilegal y violenta a una persona cuando se encontraba en su casa sin que presentara orden de aprehensión en marzo de 2016.
La SSP recibió tres, por derecho a la vida, pues en mayo de 2017 los custodios del penal de San Miguel no protegieron a una mujer que fue asesinada por un interno del penal de San Miguel al que fue a visitar; así como por integridad y seguridad personal, ya que 20 internos del Cereso de Tepexi de Rodríguez fueron víctimas de malos tratos por parte de personal de seguridad en abril de dicho año.
Asimismo, le dieron una conjunta con San Pedro Cholula, Tehuacán y Tepeaca por no garantizar el derecho a la vida de diez internos, entre 2016 y 2018, que estaban recluidos en sus Ceresos.
El ayuntamiento de Puebla recibió dos por presuntas violaciones a los derechos humanos de la seguridad jurídica, e integridad y seguridad personal por parte de dos policías que trataron cruelmente a un detenido en mayo de 2015, y a la legalidad, porque en marzo de 2016, elementos municipales usaron fuerza excesiva.
En tanto, le dieron una a la Comuna de Xochitlán Todos Santos por violentar la petición de un ciudadano en noviembre de 2014; a la de Tenampulco por vulnerar la seguridad jurídica y legalidad en febrero de 2017; a la de Tehuitzingo porque en agosto de 2015 la policía retiró mercancía sin justificante a un vendedor y no se la devolvió.
También recibieron una Chiautla de Tapia, por agresiones físicas contra cinco detenidos por parte de uniformados en abril de 2016; Tlatlauquitepec, ya que en el mismo mes y año, el coordinador jurídico municipal abrió 5 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad dentro de una propiedad privada; Izúcar de Matamoros, pues en mayo del 2017 un custodio de su Cereso golpeó a un interno.
San Gabriel Chilac recibió una debido a que, en agosto de 2017, policías municipales detuvieron a una persona sin orden judicial; Venustiano Carranza otra por quitar un terreno a un ciudadano y la omisión de las autoridades en julio de 2015; al igual que Amozoc, por no garantizar el derecho a la vida de un detenido en mayo de 2018.