La CDH emitió una recomendación, en diciembre, conjunta para la SSP y los ayuntamientos de San Pedro Cholula, Tepeaca y Tehuacán por no garantizar el derecho a la vida de 10 internos, entre 2016 y 2018, que estaban recluidos en sus Ceresos.
En la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) está el documento que fue notificado a las partes involucradas el 6 del mes pasado, en el que se especifica que las acciones que motivaron la recomendación fueron hechas por las administraciones anteriores.
Se señaló que todos los casos fueron acumulados por tratarse de actos similares, en agravio del derecho a la vida de personas privadas de la libertad, derivado de la omisión de custodiar por parte de los elementos de Seguridad y Custodia de los centros de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, San Pedro Cholula, Tehuacán y Tepeaca.
En el expediente 4897/2016 y sus acumulados, el organismo a cargo de Adolfo López Badillo detalló que de estos casos, dos ocurrieron en 2016, en los penales de San Pedro Cholula y Tehuacán; cinco en 2017, de los que tres fueron en el penal de San Miguel, uno en el de Tehuacán y uno en el de San Pedro Cholula.
Mientras que tres fueron el año pasado, uno registrado en el Cereso de Puebla capital, el otro en el de Tehuacán y uno en el de Tepeaca.
Hubo omisión de autoridades penitenciarias
Ante ello, la CDH indicó que si bien es cierto que el fallecimiento de las 10 víctimas son atribuidos por las autoridades penitenciarias como autoagresión, no exime de responsabilidad a los elementos de Seguridad y Custodia de los penales, ya que tenían la obligación de salvaguardar su integridad y salud.
De igual forma se agrega que fueron omisos en llevar a cabo las acciones a las que están obligados de acuerdo con sus funciones como servidores públicos, evidenciándose una limitada capacidad de los elementos de custodia, ya que tenían que implementar las medidas necesarias para vigilar adecuadamente a las personas privadas de la libertad.
“La omisión repercutió en perjuicio de la vida de los 10 internos y de sus familiares directos, en atención a que se dejó de observar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”, asevera la recomendación.
En el expediente se explica que en el caso de los ayuntamientos, si bien los hechos fueron ejecutados por servidores públicos de la administración municipal pasada en atención al principio de continuidad, corresponderá al actual gobierno acatar las acciones ordenadas.
Derivado de lo anterior, se emitieron recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a los ayuntamientos de San Pedro Cholula, Tehuacán y Tepeaca; en el caso de la dependencia a cargo de Fernando Rosales Solís son las siguientes:
Reparar daño a familiares
Que se proporcione a los familiares directos de las víctimas que estaban recluidas en el penal de San Miguel atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos así como gire instrucciones para que se realicen los trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños.
Emitir un documento que ordene a los directores de los Ceresos a que instruyan a los elementos de Seguridad y Custodia a que se sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como se les capacite sobre protección de los derechos humanos.
Que diseñe un protocolo de tratamiento psicológico de las personas privadas de la libertad que presenten signos de depresión profunda o alguna otra circunstancia que constituya un riesgo potencial de suicidio, para que lo difunda en los Ceresos y se le dé seguimiento.
Además, que el Órgano Interno de Control inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra del personal que resulte responsables; se emita una circular a las autoridades de los Ceresos para que se abstenga de autorizar a los internos llevar a cabo actividad laboral y que no utilicen la medida de aislamiento penitenciario si ello no es deducido de un correctivo disciplinario, legalmente impuesto.
Cholula, Tehuacán y Tepeaca están incluidos
En tanto, los alcaldes de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila; de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez y de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, deberán proporcionar a los familiares directos de las víctimas atención psicológica que permita la superación de las secuelas.
Así como la reparación de los daños causados y se deberá instruir a los elementos de Seguridad y Custodia de los penales a que se sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano.
Instruir al director del Cereso y titular de Seguridad Pública del municipio, para que cuando sea necesario, se brinde el auxilio para la custodia extramuros de personas privadas de la libertad que deban ser trasladadas a una unidad hospitalaria de urgencia, este último punto solo aplica para Arriaga Lila.
Mientras que para Patjane Martínez, se le pide que gire instrucciones para que los servidores públicos de Seguridad y Custodia del penal laboren los turnos de 24 horas que les son asignados y no se les extiendan por doble jornada, lo cual deberá acreditar ante la CDH.
Finalmente, solicitó a la FGE que instruya al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, para que determine sobre el ejercicio de la acción penal sobre los hechos con apariencia de delito a que se contraen en las carpetas de investigación de las 10 víctimas.
