La CDH de Puebla emitió, entre septiembre y octubre, cuatro recomendaciones para los ayuntamientos de Tehuitzingo, Chiautla de Tapia, Tlatlauquitepec y el de la capital, todas por violaciones a derechos humanos de elementos de seguridad pública.
De acuerdo con la información de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), aunque los hechos se acreditaron en las administraciones municipales salientes, deberán ser las nuevas, que entraron en funciones el lunes pasado, las que darán cumplimiento.
La primera de ella es la 5/2018 establecida con el expediente 5696/2015, misma que derivó porque el agosto de 2015, personal de la policía municipal de Tehuitzingo trasladó un puesto de frutas, verduras, abarrotes y materias primas que se encontraba frente a la presidencia.
Esto con motivo de que se reubicaría el mercado, pero en este solo le asignaron un lugar cuando tenía tres, con el argumento de que no era originaria del municipio, además de que se llevaron productos a la presidencia municipal, pero el propietario del puesto acusó que fue sin su consentimiento y sin que le avisarán.
Ante esto, la CDH acreditó que hubo violaciones a la seguridad jurídica de la víctima, y dado que el servidor público a quien se envíe una propuesta de conciliación por los hechos no lo aceptó el pasado 12 de septiembre, emitió cuatro puntos a ejecutar al presidente municipal, Juan Pablo Rincón Moreno, en ese entonces.
Estos son: que se pague el equivalente de las pertenencias quitadas a la víctima; se brinde a los servidores públicos capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos; colabore en el trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría municipal contra los responsables y, la Sindicatura garantice los derechos humanos.
Chiautla y Tlatlauquitepec, en la lista
La segunda es la 6/2018 con expediente 1544/2016, en la que se informa que hubo violaciones de seguridad jurídica y trato digno por parte elementos de la policía municipal de Chiautla de Tapia, contra cinco personas, una de ellas menor de edad.
Esto porque el 2 de abril de 2016, a las 3 de la mañana, los policías sin motivo procedieron a detenerlos cuando circulaban en calle 16 de septiembre de dicha demarcación, pero les cometieron diversas agresiones físicas contra ellos, así como les rociaron gas en la cara y apuntaron con una escopeta.
Además de que posteriormente los trasladaron a la comandancia del municipio y les impusieron sanciones económicas a uno de 700 pesos y a los otros cuatro de a 500 pesos, sin que se demostrara que ello fue ordenado previo procedimiento administrativo.
Derivado de lo anterior, el organismo autónomo ordenó el 12 de septiembre, en ese momento al edil Jesús Castro Ramales, que se realice la devolución de la cantidad solicitada por las sanciones; se brinde a los servidores públicos capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.
Daños en predio
La tercera es la 7/2018 con expediente 4067/2016, dirigida al ayuntamiento de Tlatlauquitepec, luego de que en abril de 2016, el coordinador jurídico municipal, en compañía de patrullas de la policía y una máquina de trascabo, abrió deliberadamente un tramo de aproximadamente 12 metros de largo por 5 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad dentro de una propiedad privada.
Esto con el argumento de que bajo amenazas le dijeron que iban a hacer una calle, por lo que procedieron a tirar árboles y plantas para hacer una zanja, ocasionando daños en su predio sin ninguna notificación que justificara tales actos.
Por ello se instruyó al edil Ángel Guerrero Herrera, el pasado 27 de septiembre, dejar sin efectos la orden de alineación de la dicha calle, se reparen los daños ocasionados en el predio por el monto señalado por el perito en materia de topografía y valuación por un monto de 22 mil 400 pesos, así como el ajuste inflacionario de cada uno de los años transcurridos desde 2016.
También le pidieron que ya no se permita afectación de inmuebles para realizar obras, sin acatar el debido procedimiento y con el consentimiento de los propietarios, además de que la Contraloría municipal determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos responsables.
Policías de Puebla golpearon a ciudadano
Mientras que la del ayuntamiento de Puebla, establecida con el número 8/2018 y expediente 2283/2016, fue notificada el pasado 8 de octubre, debido a la violación de la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal y a la legalidad.
Lo anterior, porque en marzo de 2016 a las 11 de la mañana, cuatro policías municipales llegaron a la calle 26 poniente esquina 11 norte agrediendo brutalmente a un masculino culpándolo supuestamente de robo de 63 pesos.
Y derivado de las agresiones lo tuvieron que operar de emergencia en el Hospital General de Cholula, estando en terapia intensiva cerca de siete días y de ahí 16 días en piso aislado, además de que posteriormente fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.
Ante esto se determinó que los elementos policiacos le propiciaron al agraviado trato cruel, inhumano o degradante, que le produjeron contusiones, que evidencian un uso excesivo de la fuerza.
Así, se instruyó a la Comuna poblana que se repare el daño ocasionado proporcionando la atención médica y psicológica que requiera la víctima y que la Contraloría inicie procedimiento contra los elementos de seguridad.
Además, que se brinde a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos y estos sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano.
