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Demanda laboral contra Lastiri e irregularidades en la obra el bulevar Carmelitas

Sin certeza jurídica 80 predios del bulevar Carmelitas

Efraín Núñez en la columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que una de las obras emblema del ex gobernador José Antonio Gali Fayad, el bulevar Carmelitas, está envuelta en una serie de irregularidades que forman parte de un escándalo que está a punto de estallar.

Por si no fuera poco que la vialidad, construida al sur de la ciudad, con un costo oficial de 428.7 millones de pesos, quedó inconclusa y a casi seis meses de su inauguración continúan las adecuaciones, ahora se sabe que no existe certeza jurídica en 80 predios que fueron adquiridos por el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra para su construcción.

La nueva administración estatal detectó que el gobierno del estado carece de las escrituras de estos predios que se compraron a propietarios de la zona.

Con lo anterior se evidencia que el ex director del fideicomiso, Alfredo Ortega Miranda, mintió al asegurar que los predios adquiridos para la obra quedarían regularizados antes de que finalizara la administración estatal anterior.

Ante esta realidad surgen al menos tres interrogantes:

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Oposición de armentistas se dan por vencidos

La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, indica que por si faltaba alguno de los diputados armentistas por sumarse a la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, ese era Valentín Medel Hernández, que este jueves lo acompañó.

Con la asistencia del legislador petista al evento de Atempan, en la Sierra Nororiental, se puede decir que los cinco diputados que se resistían a reconocer al morenista, en menos de una semana y a un mes de las elecciones, están todos en el mismo carro.

Lo anterior es una muestra de que el senador morenista, Alejandro Armenta Mier, jefe político de los legisladores, cumple con el compromiso hecho la semana pasada de brindar todo su capital político con el único objetivo de que Morena triunfe el próximo 2 de junio.

Ahora bien, de los 22 integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia que llegaron al Congreso local en septiembre del año pasado, uno es el que se sigue resintiendo a alinearse, o al menos eso parece, pues el diputado José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva, no está al 100 por ciento.

En lo que resta de la campaña ¿podrá Barbosa Huerta sumar a todos los legisladores para volver a hacer el bloque mayoritario y unido que estuvo hasta antes de la designación de Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino?

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Apuntan misiles al Poder Judicial

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que Héctor Sánchez Sánchez debe tomar nota de los mensajes políticos que le mandaron esta semana en desplegados de periódicos de circulación nacional.

Dos denuncias públicas expuestas en medios, una en contra suya, sangrienta y certera, y otra en contra de una juez de lo civil del distrito de Huejotzingo, no pudieron derivar de motivaciones aisladas, de una casualidad, sino de un interés, muy poderoso, por sacudir la oficina de mando en el Tribunal Superior de Justicia.

Exhibir los trapos sucios de la casa, desacreditar el trabajo de impartición de justicia que se realiza en el Poder Judicial y apuntar directo a la cabeza del presidente son hechos que responden a ese fenómeno de reacomodos políticos que tuvieron su origen en las horas previas a la celebración de Navidad, el 24 de diciembre de 2018, con la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso Hidalgo.

Héctor Sánchez fue protagonista de un meteórico ascenso en el Poder Judicial gracias al respaldo del entonces gobernador José Antonio Gali Fayad.

En febrero de 2017 ingresó al Consejo de la Judicatura y en enero de 2018 se convirtió en presidente del Tribunal Superior de Justicia, en relevo de Roberto Flores Toledano, a quien los morenovallistas llamaban “Boby”, de cariño.

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José Juan y su nueva derrota política

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que desde su llegada al Congreso del estado, José Juan Espinosa arrancó una guerra sin cuartel en contra del entonces auditor superior, David Villanueva Lomelí.

Lo mismo lo acusó de “ocultar información” cuando exigió la documentación de las cuentas públicas de Rafael Moreno Valle que de ser un “garrote político” cuando se le pidieron explicaciones por el inadecuado manejo de 30 millones de pesos, durante su gestión como alcalde de San Pedro Cholula.

Espinosa Torres a gritos y sombrerazos pidió una y otra vez que se destituyera al auditor; sin embargo, Villanueva Lomelí aguantó la embestida y salió por la puerta grande.

Antier, los diputados federales eligieron (con 239 votos) a Villanueva Lomelí como el nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control en la Cámara de Diputados para el período 2019-2023: es decir, cuatro años. Esa y sólo esa, fue la razón del exauditor para abandonar su encomienda en Puebla.

Pero a José Juan le pareció que resultaba más rentable, políticamente hablando, acusar a Fernando Manzanilla de ser quien orquestó la llegada de Villanueva a la Auditoria Superior de la Federación y fiel a su estilo arremetió contra el actual secretario General de Gobierno.

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Desde la Secretaría General de Gobierno protegen a Lastiri en un juicio laboral

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que el priista Juan Carlos Lastiri Quirós lleva 11 meses enfrentando un juicio laboral por no cumplir con el pago de salarios a su jefe de prensa, Carlos Castillo Rosas, luego de una relación de trabajo de 15 años. El caso ha sido empantanado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Puebla y al mismo tiempo, parecería que desde la Secretaría General de Gobierno, que dirige Fernando Manzanilla Prieto, se ha desplegado en velo de ayuda a quien fuera dos veces subsecretario de la desprestigiada Rosario Robles Berlanga, cuando esta fue titular de Sedesol y la Sedatu durante el sexenio anterior.

Carlos Castillo tuvo que recurrir a la vía de los amparos para que la JLCA diera trámite a su demanda laboral –iniciada en junio de 2018– y cuando parecía que el proceso empezaba a caminar, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje –entre los meses de enero y marzo de este año– volvió a atorar el deshago de la demanda, al aceptar una serie de trampas jurídicas de los abogados de Lastiri.

El asunto no parece reducirse a la tortuosa y parcial que es la justicia laboral en Puebla, sino hay indicios que desde la Secretaría General de Gobierno se está metiendo la mano a favor de quien fuera candidato del PRI a senador.

Aunque parezcan ser dos políticos ajenos, con rumbos e intereses distintos, todo indica que existiría una estrecha conexión entre Fernando Manzanilla Prieto y Juan Carlos Lastiri, que se puede apreciar de la siguiente manera:

Rocío Lastiri, una sobrina de Juan Carlos Lastiri y exfuncionaria del extinto programa Prospera, se ha integrado como asesora de la Secretaría General de Gobierno, en la labor de ser el contacto con organizaciones sociales que fueron beneficiaras de la política de desarrollo social a lo largo del anterior sexenio.

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La tortuosa salida de Héctor Sánchez del TSJ

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que con la salida de David Villanueva, promovido a un cargo de mayor importancia en la estructura federal de rendición de cuentas para convertirse en el auditor del auditor superior de la Federación (ASF), el último residuo del morenovallismo es Héctor Sánchez Sánchez, cuya vigencia como magistrado presidente del TSJ está a punto de vencer, aunque el abogado considera que puede resistir tras la victoria de Luis Miguel Barbosa y permanecer ahí, lo que es un acto de ingenuidad política.

Esta semana, al magistrado presidente le dispararon sendos obuses que lo cimbraron y lo pusieron en estado histérico. Desplegados firmados por una fantasmal organización denominada ‘Abogados contra la Corrupción’, publicados en la página 3 de El Universal, cuyo responsable de la publicación se atribuyó a un tal Héctor Adrián Torres Bautista, pusieron a temblar a la última rémora del régimen morenovallista.

Las acusaciones del desplegado no son menores: prevaricato a través de despacho de prestanombres, venta de asuntos, abuso de poder, hostigamiento sexual e incluso, pasarle una renta mensual al ex gobernador Antonio Gali Fayad, padrino de Sánchez Sánchez, quien primero lo hizo síndico municipal y luego magistrado presidente del TSJ.

Dos problemas de ese desplegado. De inicio, no ofrecen pruebas de ninguna de sus afirmaciones. Y luego, no hay noticias previas, ni antecedentes jurídicos de esa organización, ‘Abogados contra la Corrupción’, ni del responsable, Héctor Adrián Torres Bautista.

Cualquiera puede publicar un libelo, pero no pagar un desplegado en El Universal, pues se trata de una forma muy onerosa de llamar la atención que puede llegar a costar hasta medio millón de pesos. ¿Quién patrocinó el golpe y a quién le interesa desgastar al todavía presidente del TSJ?

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