Aunque el sistema carcelario de Puebla aprobó apenas el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2017 con 6.39, está en situación de riesgo por su baja calificación en cohesión social, tener seguridad intermedia y un Estado de Derecho débil.
De acuerdo con el “Análisis de las principales dinámicas económicas, sociales y políticas de los estados con mayor problemática penitenciaria”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional en cohesión, de manera que podría reprobar el DNSP.
En el texto se detalla que la cohesión social es cuando “los individuos con diferentes culturas, valores, creencias, estilos de vida y recursos socio-económicos tienen acceso igual a todos los ámbitos de la vida social y conviven sin conflictos”, y toma en cuenta la inclusión económica y social, distribución desigual de recursos, relaciones sociales, así como la participación política y cívica.
Por otra parte, el organismo clasificó los niveles de seguridad con base en los valores de los índices de: sentimiento de seguridad, percepción de inseguridad, delito, experiencia de violencia de género y victimización, tras lo cual resultó que Puebla cuenta con una “seguridad intermedia”.
Poblanos se sienten inseguros
En el caso de Puebla, es aparentemente contradictorio que su población se siente menos segura que el promedio nacional, pero percibe que hay más inseguridad en el resto del país.
Además, señaló que el estado refleja problemas de victimización y violencia de género, aunque su índice de recursos presupuestales para seguridad pública es mayor al promedio.
Aunado a ello, presenta poca confianza en el Estado de Derecho, problemas de impartición de justicia superiores al promedio y alta percepción de corrupción, lo cual provoca que esté clasificada con debilidad en su Estado de Derecho.
Cabe recordar que el organismo nacional evidenció en el DNSP de 2017 que los Ceresos de Puebla y San Pedro Cholula contaban con problemas de autogobiernos a cargo de internos, además de tener presencia de actividades ilícitas.
Hay 12 estados en situación vulnerable
Es de señalar que también se analizó las condiciones económicas, sociales y políticas de las 12 entidades con un sistema carcelario vulnerable que han presentado problemas de autogobierno, sobrepoblación y actividades ilícitas como cobros y extorsiones: Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas.
Ante esta situación, la CNDH llamó a autoridades, instituciones educativas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de reclusión con pleno respeto a los derechos y la dignidad de las personas encarceladas.
