Hasta febrero, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) tiene 12 expedientes abiertos de inicio de responsabilidades contra el mismo número de funcionarios municipales y estatales, todos de las administraciones que concluyeron el año pasado.
Así informó, en entrevista con este medio, María de Lourdes Dib y Álvarez, magistrada presidenta del TJA, quien agregó que entre las acusaciones que enfrentan los servidores públicos se contemplan incumplimiento en sus obligaciones, cohecho, peculado, desvío de recursos y trato de influencias.
Refirió que no hay una fecha estimada para que se tenga un resolutivo final, ya que hay un camino procesal de cada uno de los casos, así como el tiempo de las notificaciones, por lo que puede variar entre tres, seis meses, o hasta un año o dos.
“Cuando inició el tribunal éramos tres magistrados, una de ellas la presidencia, entonces todo el trabajo se repartía en dos salas, ahora son siete salas, lo ideal es ir acelerando el procedimiento y resolver el fondo para tener la resolución definitiva que es la sentencia”, pronunció.
Refirió que la investigación que realizan es independiente de la que tiene un auditor externo, como es la Auditoría Superior del Estado (ASE), las Contralorías, estatal y municipal, o en su caso los Órganos Internos de Control de las dependencias.
Precisó que son de varios municipios e incluso hasta de la capital, pero no especificó en qué salas están los procesos, por lo que será hasta que se resuelvan y se lleven al pleno del tribunal que preside para que los analicen.
Suspenso e inhabilitación, entre las penas
Indicó que en caso de que se detecte una responsabilidad administrativa o hecho de corrupción se pueden dar diversas resoluciones, ya que ello depende de la gravedad de la falta que hayan cometido los servidores públicos.
Explicó que si se trata de un caso menor que no amerite delito, se tomaría como una falta administrativa, pero -si es grave- están la suspensión temporal, definitiva o hasta inhabilitación, además de que también depende si el daño es contra un particular o contra la Hacienda Pública, pues incluso puede darse la privación de la libertad.
Y es que, dijo, toda pena nunca es fija porque se debe individualizar y ejemplifico que no es lo mismo si se desvían miles de pesos a comparación a millones, por lo que con base a ello como se da la graduación de la resolución, lo cual es una facultad discrecional que tiene el juzgador.
“Hay una línea que divide a ese tipo de conductas, las que corresponde al Tribunal y las que les tocan a la Fiscalía Anticorrupción, por eso varía si es un delito o nada más una falta administrativa, pero eso se ve conforme avanza el proceso”, asentó.
Finalmente, Dib y Álvarez manifestó que este proceso lleva su tiempo, ya que el TJA se conformó con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo que se basa en resolver las controversias de los particulares en contra de actos de la administración pública, pero para ello deben tenerse todas las pruebas.
