Gobierno de Tamaulipas, omiso en desaparición forzada en 2013: CNDH
Gobierno de Tamaulipas, omiso en desaparición forzada en 2013: CNDH. Foto: CNDH
Gobierno de Tamaulipas, omiso en desaparición forzada en 2013: CNDH
CNDH destaca a Puebla por linchamientos y quinto lugar en violaciones graves. Foto: CNDH

El 80 por ciento de los 246 linchamientos ocurridos en el país se concentró en cinco estados, entre estos Puebla, que además comparte la quinta posición con otras seis autoridades en más recomendaciones por violaciones graves de 2012 a 2018.

Así lo reportó Raúl González Pérez en su informe de actividades de 2018 al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que externó su preocupación por la justicia por propia mano.

Ejemplificó que el año pasado, hubo al menos 246 casos de linchamientos, de los que 80 por ciento, es decir 196, ocurrieron en Puebla (que sería primer lugar) Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo; esa cifra representa un incremento del 134 por ciento respecto de 2017, con 105 casos.

Lo anterior se traduce en un desafío para la procuración y la administración de justicia, refirió la comisión.

Luego destaca las 10 autoridades que fueron señaladas con mayor frecuencia en las recomendaciones por violaciones graves en seis años: Procuraduría General de la República (PGR) con 10, Comisión Nacional de Seguridad con seis, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con cinco, Michoacán con cuatro, así como Guerrero, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Marina, Tamaulipas, Puebla y Estado de México, todos con tres.

En el caso del gobierno poblano, una se emitió en 2014 (caso Chalchihuapan) y otras dos en 2018 (por ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan y malos tratos en Tepeaca).

El año pasado, la CNDH emitió ocho recomendaciones por violaciones graves, dirigidas a 40 autoridades y aunque de esas en tres también se dirigieron al gobierno de Puebla, en la 14VG sólo se le pidió al gobernador en turno investigar a personal del DIF por no atender a menores rescatados en Michoacán.

 

30 feminicidios en Puebla en 11 meses

El organismo encargado de defender los derechos humanos recordó que, de enero a noviembre de 2018, Puebla registró 30 feminicidios, aunque pidió no perder de vista la proporción de los casos respecto a su propia población femenina (tasa), ya que los estados con las más altas son Colima (con 3.11 por cada cien mil mujeres), Nuevo León (2.78), Chihuahua (2.47), Sinaloa (2.45), Zacatecas (2.41), Morelos (2.14) y Tabasco (2.08).

Resaltó su preocupación de la Ley General de Víctimas (LGV) que entró en vigor en 2013 para la operación del sistema nacional de atención, pues los esfuerzos para echar a andar los mecanismos han sido insuficientes, ya que sólo han sido creadas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y 21 comisiones estatales, en las que no está Puebla.

La entidad se encuentra en la misma situación que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.

De los 11 estados que no han constituido el correspondiente fondo de ayuda, únicamente tres (Campeche, Puebla y Chiapas) informaron a la CNDH que implementan un mecanismo para cumplir con lo anterior.

Respecto a la protección y defensa sobre asuntos indígenas, destacó que emitió cinco recomendaciones: 17/2018, 25/2018, 26/2018, 66/2018 y 81/2018, esta última dirigida al gobierno de Puebla por falta de atención ginecológica a una joven náhuatl.

En cuanto al tema de armonización legislativa, refirió que siete estados han avanzado poco en adaptar su marco jurídico respecto a la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles: Yucatán con un 11 por ciento; Baja California con 17; Guanajuato, Puebla y Sinaloa con un 34 por ciento, así como Tamaulipas y Sonora con 37 por ciento.

Los rubros con menor avance son el legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, la protección de los derechos de las personas con discapacidad en los centros de reclusión y de los derechos de las personas con discapacidad mental en condiciones de privación de la libertad con un 9 por ciento de avance a nivel nacional.