Aunque la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) se mantiene como una institución de asistencia privada, esta ya no cumple con el permiso de donataria autorizada, ya que el SAT se lo revocó desde diciembre de 2015, es decir, hace casi 3 años.
Lo anterior de acuerdo con documentos que proporcionó a este medio por Guillermo Jenkins de Landa, otrora patrono de la fundación de 2002 a 2013 y quien calificó de “simulación” lo que actualmente los que integran el patronato.
Aseveró que si el Sistema de Administración Tributaría (SAT) revocó el permiso es porque detectó que cuando se hizo la donación “que él consideró desfalco”, de los 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar de Filantropía (FBF) no lo reportó y por ende evadió cualquier impacto fiscal.
“Lo que ha hecho mi familia es que no solo fue un fraude, sino que se salieron de la jurisdicción de Puebla sin pedir permiso, por eso tiene a un personaje como Roberto Jenkins de Landa que va a evadir contestar cualquier pregunta sobre ello”, expresó.
Y es que, en dichos documentos se señala que el 30 de abril de 2014 se realizó un “Contrato marco de Donación” ante la notaria número 30 de la Ciudad de México, en el que la Fundación Jenkins dona todos sus bienes en especie y efectivo a Bienestar de Filantropía con sede en Aguascalientes.
Sin embargo, se detalla que FBF ya tenía un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que era el F0BF141223AX6, pero detectó que la obtención ilegal y el uso selectivo de un segundo número falso –FBF090925P51– fue el vínculo para consumar la defraudación a la fundación Jenkins y al fisco.
Esto porque en el reporte de “Donatarias Autorizadas” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al ejercicio 2014 y publicado en el portal del SAT 2015 con información hasta septiembre de ese último año, FBF no apareció.
Sin aparecer en lista de SCHP desde 2015
Aunado a esto, la SHCP le revocó la autorización de donataria por “Cese Total de Operaciones” mediante el oficio 600-04-02-2015-61085, con fecha del 11 de noviembre de 2015, mismo que fue notificado a los nueve días siguientes y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero de 2016.
Esto igual puede comprobarse en la lista de la SHCP en la que aparece a la Fundación Jenkins con el RFC FMS5410186J5 como una de las 14 instituciones a las que les revocaron el permiso de donataria asistencial autorizada.
De igual forma, en los documentos se especifica que, en diciembre de 2015, FBF cambió su residencia al “paraíso fiscal” de Bridgetown, Barbados con el RFC falso, pero al ser un cambio de domicilio tenía la obligación de pagar impuestos o en su caso donar la totalidad de sus atractivos a otra donataria autorizada, como si se tratara de una liquidación, como lo marca la Ley de Impuesto sobre la Renta, lo cual no hizo.
Ante esto, Guillermo Jenkins de Landa sostuvo que lo anterior se dio para ejecutar el desfalco de la Fundación Jenkins propiciado principalmente por su hermano Roberto y su mamá Elodia Sofía de Landa de Jenkins, viuda de Guillermo Jenkins Anstead.
Es necesario mencionar que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla acordó revocar del patronato a los dos personajes antes mencionados; a María Elodia; Margarita y Juan Carlos, todos de apellidos Jenkins de Landa, así como a Manuel Mestre Martínez y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Jenkins de Landa puntualizó que todos los actos en los que han acudido como benefactores donando recursos es “una mentira y engaño” para los poblanos, ya que la fundación ya no tiene recursos para ello y lo hacen a través de triangulaciones fiscales.
Un ejemplo de ello, dijo, son las donaciones que hizo en semanas pasadas a la Cruz Roja con motivo de sus 100 años de existencia, así como los 50 millones de pesos que dio para la reconstrucción de casas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Donativos “son una pantalla”, afirma
Explicó que la FBF solo fue “una pantalla”, pues un año después de que se mudó a Barbados, hizo lo mismo pero a Panamá, aunque para ello se cambió el nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FDL), que es la que tiene a su nombre todo el patrimonio.
“Hoy por hoy la jurisdicción de ese patrimonio está en Panamá en manos de mis familiares, mi mamá y mis hermanos incluyendo a Roberto, que es el principal autor de esto, en donde ellos son los beneficiarios de todo este patrimonio y ese no era su fin, ellos lo hacen porque argumentan que son los herederos y no es así”, expuso.
Comentó que el patrimonio de 720 millones de dólares se divide en dos partes, una de ellas es el efectivo, y la otra son los bienes; en el caso de la primera se refiere a 200 millones de dólares, que es alrededor del 27 por ciento del total.
Mientras que la segunda es todo lo que contempla la Universidad de las Américas (Udlap), los club Alfa, Los Colegios Americano, el centro comercial de Las Animas, así como un edificio en la Ciudad de México en la avenida Insurgentes y Reforma, además de una plaza comercial en Tlalnepantla en el Estado de México.
Ante estas irregularidades, sostuvo que si no se había podido hacer el acuerdo para remover a los patronos fue porque, a iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Roas, el 19 de mayo de 2014 se hizo el cambio Ley de Instituciones que vigila la operación de la fundación, pues acusó que sabía del desfalco, del cual “pudo ser beneficiado”.
Cabe precisar que conforme al testamento de Williams Oscar Jenkins Bliddle, creador de la fundación, los recursos tendrían que haber sido para uso social, educativo y cultural en el estado de Puebla, que fue donde se instaló tras mudarse de Estados Unidos.
En dicho documento estableció: “siempre he tenido la firme convicción de que, en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesiten, teniendo la creencia del propio señor testador, que nadie con capacidad de trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo”.
