A partir de enero del próximo año y hasta el 31 de diciembre del 2020 la comisionada del Itaipue, Laura Marcela Carcaño Ruiz, asumirá la presidenta del organismo, en sustitución de Gabriela Sierra Palacios que concluye su gestión a final de año.
Lo anterior fue aprobado en el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), donde los tres consejeros coincidieron en el nombramiento.
Sierra Palacios indicó que debido a que los tres fueron nombrados por el Congreso local pasado y tomaron protesta ante los diputados, no es necesario que se haga un acto protocolario para el cambio de presidente, pues solo será un tema administrativo entre el entrante y el saliente.
“Por ley se nos obliga a que el pleno vote por quien sucede a cada uno de los comisionados y Marcela Carcaño a partir del 1 de enero asumirá el cargo, yo le haré la entrega-recepción como corresponde”, pronunció.
Indicó que entre las obligaciones que deberá delegar es la firma, la representatividad legal y moral, así como su lugar en el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y en el sistema Nacional de Transparencia.
Respecto a la información en materia de transparencia que debe subirse con el cambio de gobierno, Sierra Palacios comentó que la administración de Antonio Gali Fayad que concluirá este jueves en la noche, deberá dejar publicada lo consecuente hasta el 14 de diciembre.
Sancionarían a exfuncionarios
Sin embargo, recordó que en la evaluación diagnostica que se hizo por parte del organismo, el Ejecutivo fue uno de los que más alto obtuvo con el 99.8 por ciento de cumplimiento, por lo que “será fácil que dejen actualizado lo que falta”.
En tanto, la administración que encabezará Martha Erika Alonso Hidalgo a partir del viernes tendrá que hacerlo del 15 al 31 de diciembre, ya que en enero se hará la revisión correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y en caso de que haya faltantes se sancionará al responsable.
Por otra parte, en la sesión se acordó que los ayuntamientos podrán iniciar, a través de la Contraloría municipal, un procedimiento de responsabilidades administrativas en caso de que no hayan cumplido con dejar la información correspondiente a transparencia.
Esto, explicaron, porque hubo algunas quejas en la que no se proporcionó la información o no entregaron los usuarios y contraseñas para ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como el caso de Amozoc, donde el ayuntamiento saliente borró toda la información.
Indicó que las Contralorías municipales podrán llamar a comparecer a los exservidores públicos encargados de las áreas de transparencia, y en caso de que no solventen lo faltante, el procedimiento se le dará vista al Itaipue para que emita las sanciones en la materia.
