La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló al gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa puede ser una vía de solución a muchos retos, pero no debe renunciar a la legalidad.
Lo anterior, en el Estudio para Elaborar una Propuesta de Política Pública en materia de Justicia Transicional, desarrollado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a iniciativa de la CNDH, que dio a conocer el pasado miércoles el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.
González Pérez detalló que este trabajo busca coadyuvar a la comprensión de la complejidad del entorno de violencia en el país y explicar “los problemas relacionados con el eventual diseño, implementación y evaluación de una política de justicia transicional”, para que se conozcan los principios que la rigen y se adopten decisiones más apropiadas.
Indicó que dicho estudio aborda un amplio espectro de temáticas que gravitan en torno de la Comisión para el Acceso a la Verdad para el Caso Ayotzinapa, y que se estableció el pasado 3 de diciembre.
Afirmó que los mecanismos de justicia transicional como vía para llegar a la justicia, atender a las víctimas y superar situaciones críticas de vulneración a los derechos humanos no pueden menoscabar la institucionalidad democrática o establecer instancias que estén por encima de la ley, pretendiendo aplicar una justicia sesgada, sin rendir cuentas, vulnerando garantías de defensa y el debido proceso.
Mecanismo no debe sustituir instituciones
Aseguró que suponer que esos mecanismos sustituirán a las instituciones encargadas de la procuración de justicia es un punto de partida erróneo, por lo que el estudio aborda diversas experiencias de los mecanismos transicionales en otros sistemas y latitudes, así como expone las herramientas necesarias para la justicia transicional, orientadas al establecimiento del Estado de Derecho.
Sergio López Ayllón, director general del CIDE, quien coordinó el estudio, resaltó que, entre otros elementos, se recomienda poner en marcha un proceso de justicia transicional dentro del marco constitucional y legal vigente; crear un mecanismo rector interinstitucional, y un órgano que supervise las medidas de reparación.
Mariclare Acosta Urquidi, miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, comentó que la justicia transicional “no sustituye a las autoridades que han fracasado”, y destacó que el estudio abrió algunos resquicios para que se pudieran visibilizar casos paradigmáticos.
Jacobo Dayán, consejero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que la violencia en México es un proceso transicional atípico, por lo que es necesario conocer el universo real de víctimas, pero criticó que su atención sea a través de una ventanilla única que ha provocado más problemas.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
