El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó este lunes la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad en el Caso Ayotzinapa, integrada por familiares de los 43 normalistas y funcionarios, con quienes deberán colaborar todas las dependencias federales.
En respuesta, los padres de los jóvenes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 le exigieron sacarlos del “basurero donde nos dejó (el expresidente Enrique) Peña Nieto” y que este caso no quede impune, como otros del pasado, pues si lo logra “va a ser grande”.
De acuerdo con el primer decreto del gobierno de López Obrador, todas las instancias del Poder Ejecutivo están obligadas a contribuir con el esclarecimiento del caso que busca la comisión, la cual estará conformada por familiares de los alumnos, sus abogados, y representantes de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como profesionales y técnicos.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quien será el encargado de coordinar los trabajos de la comisión, indicó que también se retomarán las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las líneas que la PGR dejó “truncas” durante el gobierno peñanietista.
Los miembros de la comisión –precisó– y el Ministerio Público federal tendrán libre acceso a las instalaciones, incluidas las del Ejército, donde se presuma que estuvieron retenidos los desaparecidos o haya vestigios de ellos.
Tomarán en cuanta recomendación de CNDH
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que la comisión también tomará en cuenta la recomendación 15VG/2018, presentada el miércoles pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para señalar los errores, agravios, irregularidades y pendientes del caso.
No obstante, esta recomendación entraría en conflicto con la investigación del GIEI, pues la CNDH acreditó que hay indicios para demostrar que al menos 19 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo cual ha sido rechazado por los expertos internacionales.
Por su parte, al pronunciarse sobre la creación este órgano especial, la CNDH aseveró que no avala la llamada “verdad histórica” del gobierno anterior, pero está en contra de que las nuevas pesquisas “partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento” de dicha teoría.
Asimismo, advirtió que sólo colaborará con la comisión desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales.
Cabe mencionar que el decreto de la Comisión para el Acceso a la Verdad en el Caso Ayotzinapa será publicado mañana, martes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Editado por Luis Alberto Palacios