Con 15 denuncias registradas, Puebla ocupó el segundo lugar de los estados con más casos de violencia política contra las mujeres, entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018, indicó el Idhie, con información de Etellekt.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) indicó que el reciente proceso electoral fue uno de los más violentos de la historia, pues según dicha consultora, en el periodo mencionado, se registraron 774 agresiones contra candidatos de las cuales 471 se dirigieron contra hombres, 185 contra mujeres y 118 contra grupos militantes, activistas y electores.
A nivel estatal, con base en el registro de denuncias recibidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Puebla obtuvo el segundo lugar.
De igual forma, en cuanto al tipo de violencia política registrada, el colectivo feminista Luchadoras registró del 1 de mayo al 1 de julio de 2018, 62 agresiones asociadas a las tecnologías contra mujeres candidatas asociadas a las tecnologías, siendo el estado de Puebla y la Ciudad de México las entidades que se ubican en primer lugar con el mayor número de candidatas agredidas por este medio.
Casos públicos
Para hacer un recuento de lo que ha sucedido en Puebla en materia de violencia política contra las mujeres y con base en el seguimiento hemerográfico realizado en el Observatorio de Violencia Social de Género (OVSG), el Idhie presentó 14 casos probables de violencia política contra las mujeres durante el periodo electoral, que son de conocimiento público.
Entre estos resaltan los de Nayeli Salvatori Bojalil; diputada federal de Morena; Roxana Luna Porquillo, aspirante a una curul en San Lázaro, y Martha Erika Alonso Hidalgo, quien tiene la constancia de mayoría como gobernadora.
También de Claudia Rivera Vivanco, ahora alcaldesa de Puebla; su contrincante Paola Migoya Velázquez, así como Violeta Lagunes Viveros, aspirante a ser candidata a presidencia municipal; todas ellas fueron violentadas con ataques verbales de carácter sexual, difamaciones e invisibilizar habilidades políticas.
Además, se registraron los probables feminicidios de Eika Cázares Acosta y Juana Maldonado Infante, quienes buscaban una regiduría en Juan Galindo y, la diputación local del distrito 2, respectivamente.
El instituto afirmó que si bien en las contiendas electorales son comunes las confrontaciones y las descalificaciones, cuando las agresiones hacia las mujeres se exacerban con un contenido de género, éstas deben ser sancionadas como violencia política contra las mujeres.
Lo anterior, debido a que tales prácticas inhiben la presencia de las mujeres en el espacio público y, por tanto, no sancionarlas, remiten a la tolerancia, impunidad y la naturalización de la violencia.
