Inútil planta de tratamiento en la Central de Abasto
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que uno de los primeros proyectos que la nueva presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, debería revisar en el ayuntamiento es el Centro de Investigación y Saneamiento del Río Atoyac (CISA), pues el dinero que se invirtió en éste simplemente se tiró al caño.
O para ser más precisos: no sirvió para el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales que salen de la Central de Abasto de Puebla.
Y eso que en la tecnología, la obra —que estuvo a cargo de Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla SA de CV— y la compra del terreno donde se instaló el CISA, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, se invirtieron más de 30 millones de pesos.
Dinero que salió del propio ayuntamiento capitalino, de su presupuesto correspondiente al año 2017, de la partida 33901 denominada Servicios Profesionales Científicos y Tecnológicos Integrales.
Según los enterados, las aguas que salen de esa planta de tratamiento de la Central de Abasto para desembocar en la barranca de El Conde distan mucho de ser consideradas limpias. Prácticamente salen como entran, sin que la tecnología bubble tech que se contrató para limpiar esas aguas cumpla su cometido.
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¿Se anulará elección en Puebla?
La columna De boca en boca, publicada en Ángulo 7, indica que : A pesar del fallo del TEEP, la coalición Juntos Haremos Historia no piensa en dar vuelta a la hoja como piden algunos, por el contrario, se ven seguros de que la elección se va anular. Tan es así que ya comenzaron a barajear algunas opciones para gobernador interino mientras se prepara la nueva elección.
En el Congreso local, los primeros interesados son Héctor Alonso Granados y José Juan Espinosa Torres.
El primero está dispuesto a conseguir el apoyo de sus compañeros de bancada y el de “los de arriba”, es decir, los que deciden en Morena: Miguel Barbosa Huerta, Yeidckol Polevsnky Gurwitz y Andrés Manuel López Obrador.
El segundo, lleva una leve ventaja al tener el apoyo de Barbosa Huerta, pero le falta el de los demás mencionados, además de que tiene algunas diferencias con sus compañeros diputados porque, aseguran, busca “muchos” reflectores.
Una vez que se interponga la impugnación, la moneda estará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Podrá el equipo de Miguel Barbosa demostrar jurídicamente las irregularidades que asegura?
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Apuntes sobre Alonso y Barbosa en el comienzo de la última fase del conflicto poselectoral
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que consciente del complejo episodio jurídico y político que se avecina, definitivo para terminar con este conflicto poselectoral, Martha Erika Alonso mandó un mensaje directo al aparente primer defensor de la causa morenista en el estado.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, la gobernadora electa lanzó un buscapié al mismísimo Andrés López Obrador, a la mañana siguiente de que el tribunal poblano avalara su triunfo, como se sabía que ocurriría, y de que Luis Miguel Barbosa y Yeidckol Polevnsky anunciaran su asistencia al tribunal federal para seguir con la impugnación.
Alonso dijo al entrevistador que esperará paciente la llamada de AMLO para reconocer su triunfo.
La declaración es relevante porque en ella Martha Erika ubica la identidad del rival contra el que parece pelear en esta última etapa del proceso electoral.
Si López Obrador dijo hace unas semanas que la elección de Puebla había sido manchada por la compra del voto y el empleo de recursos públicos para ello, la exsecretaria general del PAN le responde ahora con un reto que lo invita a respetar el fallo de los magistrados estatales.
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Morena y el pleito por 50 kilos
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la disputa entre dos corrientes del Movimiento Regeneración Nacional por la dirigencia en Puebla, lejos de ser un pleito de chairos como algunos lo pensarían, alcanza otros niveles cuando se descubre que detrás de este pleito se esconde el control de al menos 50 millones de pesos de prerrogativas, mismos que les entregará el Instituto Electoral del Estado.
De la noche a la mañana, el Movimiento Regeneración Nacional pasó de ser un partido con cero pesos en caja —por la cantidad de multas aplicadas—, a recibir prerrogativas (en 2019) superiores a las que ha tenido el PRI o el PAN en un año no electoral. De ahí que el ser presidente o secretario general del partido, ya no será solo un cargo honorario, sino un puesto con un salario de varios miles de pesos.
Por más declaraciones populistas que realicen los morenistas en estos momentos en el sentido de que se reducirán salarios y que el manejo del presupuesto será con base en el principio de austeridad republicana, la realidad es que la Ley Electoral les dará más de 50 millones para gastar el siguiente año.
Con la aplicación de la fórmula legal que indica que el monto de los recursos entregados debe ser proporcional a los votos obtenidos en la última elección, los dirigentes de Morena en Puebla podrán olvidar, sin cargo de conciencia, los tiempos de vacas flacas.
Así el partido de Andrés Manuel en Puebla dejará de ser pobre y se repetirá la historia de Acción Nacional, cuando, de la mano del financiamiento público, llegaron: los conflictos, la voracidad y la envidia; desatando una encarnizada lucha por el manejo de las prerrogativas.
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Víctor Carrancá habría caído por un acuerdo entre RMV y Dulce Silva
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que aunque parezca poco creíble, se empieza a saber que la salida de Víctor Carrancá Bourget como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) –ocurrida hace un mes y ocho días– habría sido un acuerdo negociado entre el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas e importantes actores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La cual fue una fuerte concesión que otorgó el ex mandatario, ya que el ex fiscal es uno de sus hombres de más confianza y se había convertido en un funcionario público que no lo podía mover ni la misma presión de los morenovallistas, que a la mitad de la pasada campaña electoral habían exigido su remoción.
Fuentes confiables y bien informadas de la Ciudad de México apuntan que la facción de Morena que habría negociado la “caída” de Carrancá estaría encabezada por Dulce María Silva Hernández, quien el pasado 29 de septiembre contrajo nupcias con César Yáñez, el ex vocero de Andrés Manuel López Obrador, en una ostentosa boda que se ha convertido en el episodio de mayor escándalo del entorno lopezobradorista tras la elección del 1 de julio.
Pareciera que con el resultado de esta negociación Dulce Silva habría cobrado venganza contra el fiscal que la metió a la cárcel, toda vez que Carrancá se había aferrado al cargo público que ostentaba y no pensaba abandonar hasta el año 2021, fecha en que se vencía el nombramiento que la otorgó el Congreso local.
Dulce Silva fue detenida el 10 de marzo de 2016, mediante el proceso penal 487/2015, acusada del delito de lavado de dinero. La mujer oriunda de Huamantla, Tlaxcala, abandonó el penal de San Miguel el 1 de mayo de 2017, luego de que un juez le concedió el derecho de enfrentar el juicio desde su domicilio, ya que sus abogados demostraron que estaba enferma de la tiroides y su estado de salud no le permitía continuar en dicho Centro de Readaptación Social.
Pese a que cayó presa durante la parte final del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, esta abogada parecería que tiene comunicación y una buena relación con el morenovallismo. En esta columna se narró –la semana pasada– que cuando candidatos, dirigentes y activistas de Morena descubrieron el pasado 3 de julio una “mapachera electoral” del PAN en el MM Gran Hotel, quien buscó frenar la operación de los morenistas fue Dulce Silva, quien intentó hacer creer que era una instrucción surgida directamente desde el núcleo político de Andrés Manuel López Obrador, lo cual no era cierto.
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