El adiós de una de las peores legislaturas en la historia de Puebla
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que si de algo ha carecido la Legislatura local que concluye sus funciones el 14 de septiembre, además de independencia y autonomía, es de asepsia política.
Históricamente, el Congreso del estado siempre ha sido un poder subordinado al gobernador en turno, pero en la LIX Legislatura se perdió hasta el cuidado de las formas.
Los diputados salientes se han caracterizado por autorizar a Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali todas sus iniciativas de leyes y decretos, sin cambiarles una sola coma; por aprobar sus reformas y parches electorales a modo; por validar el endeudamiento directo e indirecto del gobierno, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados; y por avalar contratos transexenales de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación Público-Privadas (APPs), aun a sabiendas que comprometían las participaciones e ingresos fiscales de las próximas dos administraciones estatales.
La LIX Legislatura, que en aras de la concurrencia electoral prolongó su gestión a cuatro años ocho meses, es la responsable del nombramiento de un auditor superior y un fiscal general carnales de Moreno Valle, así como de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sin trayectoria ni prestigio profesional pero que son amigos, cuates y carnales de los gobernadores Moreno Valle y Gali Fayad, así como de la gobernadora electa Martha Erika Alonso.
El desaseo en el quehacer legislativo y la dictaminación de cuentas públicas ha sido la divisa de uso corriente en la Legislatura que termina y que este martes aprobó una reforma constitucional para que la —que suponen será— próxima gobernadora pueda rendir protesta ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y no ante el pleno de la LX Legislatura, donde los diputados emanados de la coalición Juntos Haremos Historia serán mayoría.
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Congreso de Puebla terminó como empezó: De rodillas
La columna De boca en boca, publicada en Ángulo 7, indica que : Algunas observaciones sobre la última sesión ordinaria de la LIX legislatura poblana que terminó como empezó: De rodillas, porque no hay otras palabras para definir lo que pasó en estos cuatro años y ocho meses.
— El panista Pablo Rodríguez Regordosa volvió al Congreso, pero no para legislar, ya que su suplente sigue ocupando su lugar, sino para maniobrar políticamente.
En toda la sesión no se sentó (porque no había lugares en el pleno) y se la pasó hablando con diputados de todos los partidos.
— A pesar de que el Partido del Trabajo (PT) forma parte de la “oposición” en el Legislativo, Mariano Hernández Reyes, su único representante, votó a favor de nombrar a exfuncionarios del gobierno magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); de que Gabriel Martínez, colaborador del exgobernador Rafael Moreno Valle, se convirtiera en director de Ciudad Modelo; de que un panista sea síndico del ayuntamiento y de que el Tren Turístico pueda ser concesionado por el organismo Carreteras de Cuota.
— El priísta Leobardo Soto Hernández y Geraldine González Cervantes, del PVEM, fueron los únicos que se despidieron de la perredista Socorro Quezada Tiempo luego de que en la sesión llamó “sumisos” a sus compañeros por aprobar la reforma al 75 constitucional que permitirá a Martha Erika Alonso Hidalgo (si es que gana la gubernatura) rendir protesta en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no en el Congreso, que ahora será dominado por Morena.
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Libra MEA la toma de protesta, ¿y luego?
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que el conflicto postelectoral y la radicalización de algunos de los actores de Morena en esta resistencia que han emprendido en contra del resultado de la contienda de la gubernatura llevó al equipo de Martha Erika Alonso a plantear una reforma constitucional que le permita arrancar la gestión sin sobresaltos considerables.
La Constitución Política del Estado de Puebla obligaba a todo mandatario electo a rendir protesta ante los integrantes del Poder Legislativo, lo que en términos políticos representaba un elemento de alto riesgo para Martha Erika Alonso dado el encono con que se han conducido los aliados de Luis Miguel Barbosa en la lucha postelectoral.
A partir de una iniciativa propuesta por los diputados afines al morenovallismo y concretada este martes, ahora todo gobernador electo tendrá dos opciones para rendir protesta: una en el Congreso del Estado, como estaba establecido, y otra en el Poder Judicial, ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
La reforma responde a una maniobra política que busca evitar las descalificaciones de los futuros legisladores de la extinta coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) en contra de Alonso.
Francisco Rodríguez Álvarez lo admite aun sin ser tan explícito.
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Dos pequeños homenajes: Montiel y Torreblanca
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, indica que es sorprendente que en tiempos de canallas, el Congreso local haya realizado un homenaje a dos poblanos que, al designarlos como magistrados, premió el mérito antes que el amiguismo, algo notoriamente inusual. La designación de José Montiel Rodríguez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y de María Esther Torreblanca como magistrada del Tribunal Administrativo son notorios aciertos que comento de forma sucinta.
De mi maestro José Montiel Rodríguez -hace muchos años fui su estudiante en la clase de Teoría del Estado en la Libre de Derecho- pueden decirse muchas cosas de una personalidad compleja: que si es pedante, arrogante, pesado y si se siente la última coca cola del desierto. Lo único que nunca se ha puesto en duda es su talento jurídico que, con probabilidad, lo hace el único jurista de Puebla, entendiendo la palabra jurista como teórico del Derecho.
Su talento jurídico fue precoz y desde muy joven fue designado juez civil, donde pese a las rotaciones y ascensos, otros compañeros de su generación llegaron más rápido a magistraturas y notarías antes que Montiel gracias a sus relaciones sociales. Ese talento precoz lo llevó a enfrentarse con las viejas guardias del TSJ, aunque el maestro Pacheco Pulido lo puso a resguardo de las envidias.
Con el advenimiento del morenovallismo, dejó el juzgado para irse a blandir la espada jurídica de los conflictos políticos. Fue designado subsecretario con Piña Kurzcyn, y cuando este renuncio, se esperaba su designación como secretario de Servicios Legales, pero la dependencia fue borrada del organigrama y él pasó a convertirse en el cerebro jurídico del gobierno y de algunas de sus legislaciones más polémicas.
Como muchos en el gobierno morenovallista, fue tocado por el caso Chalchihuapan. Para evitar el desgaste de otras figuras, Moreno Valle lo colocó como el rostro visible ante la CNDH y luego como el ejecutor de las disculpas que a nadie dejaron satisfechos. Sin embargo, aguantó vara en su doble papel de Consejero Jurídico y Subsecretario de SGG.
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