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EPN levanta veda para “privatizar” agua de 300 cuencas; Puebla, incluida

EPN levanta veda para privatizar agua de 300 cuencas

EPN levanta veda para privatizar agua de 300 cuencas. Foto: EsImagen

En medio de las campañas electorales, el presidente Enrique Peña Nieto decretó retirar la veda legal para que las empresas puedan privatizar y explotar 300 cuencas en Puebla y el resto del país, que contienen el 55 por ciento del agua superficial de México.

De acuerdo con la organización “Agua para todos”, se trata de diez decretos del Ejecutivo federal, publicados el pasado 6 de junio, que permitirán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar suministro del vital líquido para empresas mineras, petroleras y de desarrollo urbano, “a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y sectores populares”.

Entre las cuencas afectadas por esta medida presidencial se encuentran las de los ríos Papaloapan y Actopan-Antigua, cuyas aguas irrigan tierras de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estarían en peligro también los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche), Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León), Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca).

Asimismo, las cuencas del San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León), Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas), Costa de Jalisco (Colima y Jalisco), y Ameca (Nayarit y Jalisco).

No respeta derecho humano al agua

En su “Análisis inicial de los Decretos de Reservas del Agua para Uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica”, la organización señala que los decretos presidenciales violan el derecho humano al agua al respaldar el sistema de concesiones, impuesto en México mediante la Ley de Aguas Nacionales como precondición para el Tratado de Libre Comercio de América Norte (Tlcan).

Las nuevas disposiciones –continúa– destinan las asignaciones para “uso público urbano” a los gobiernos estatales, con vigencia a 50 años, lo cual sienta las bases para la privatización vía trasvases y la concesión de servicios de agua y saneamiento.

Permiten también el otorgamiento de los volúmenes reservados a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación, lo que incluye cualquier entidad pública o paraestatal, como Comisión Federad de Electricidad (CFE) y (Pemex).

“Protege el medio ambiente”: gobierno

Aunque los decretos son promovidos por el gobierno federal como medidas de protección al ambiente, “Agua para todos” indica que concesionan las aguas para uso ambiental y que no contemplan ningún papel para la ciudadanía.

Al respecto, vale destacar que la presentación de los decretos estuvo respaldada por la World Wildlife Fund (WWF) (en español: Fondo Mundial para la Naturaleza).

El director de esta organización declaró que “estos decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país”.

Demandan legislación

Por lo anterior, demandaron una ley de agua que incluya “la verdadera participación ciudadana y de los pueblos, a través de la construcción y reconocimiento de instancias vinculantes”.

En este sentido, exigieron poner fin al “ejercicio discrecional” de la Conagua para favorecer intereses privados violando la ley y los derechos humanos.

No obstante, cabe recordar que, el pasado 26 de febrero, diversas organizaciones y colectivos advirtieron que Ley General de Aguas, cuya aprobación está detenida en el Congreso de la Unión, atenta “contra la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades en Puebla.

Sobre Luis Alberto Palacios @amanic86

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