La recién aprobada Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Aguas, que podría ser avalada en el Congreso de la Unión, atentan “contra la vida, la integridad y la seguridad” de las comunidades en Puebla, al amparo de la Ley de Seguridad Interior.
Así se manifestaron las organizaciones y colectivos integrantes de la mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, a través de un pronunciamiento publicado este lunes, donde acusaron que este tipo de ordenamientos violan los derechos humanos para privilegiar intereses empresariales.
En este sentido, señalaron que la Ley de Biodiversidad, aprobada en diciembre de 2017 en la Cámara de Senadores, abre la vía a la mercantilización de la diversidad biológica del país, así como a la destrucción de las áreas naturales protegidas, pues no establece una prohibición expresa de actividades como la minería o la generación de energía eléctrica y la exploración de hidrocarburos en ellas.
En tanto, sobre la posible Ley General de Aguas, advirtieron que no sólo legalizará el despojo y la depredación en el manejo de las cuencas y los acuíferos del país, sino que violará ese derecho al promover la criminalización de las comunidades y organizaciones que defienden los ecosistemas hídricos, al convertirlos en “violadores de derechos humanos” si se oponen a los proyectos de fracking o de trasvase de agua en bloque entre cuencas.
Lo anterior, al amparo de la Ley de Seguridad Interior, que “facilita la militarización del país, la criminalización de la protesta y la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que sobrevendrán a partir de dichas leyes”.
Por lo tanto, pidieron el “rechazo general a estas leyes”, así como a su posible aplicación en el territorio nacional; además, expresaron su solidaridad con las luchas en defensa del territorio, el medio ambiente y los bienes comunes, especialmente en los estados de Puebla y Tlaxcala.