Agua de Puebla reviró las acusaciones de la CNDH sobre incurrir en cobros excesivos y opacidad en cobros, lo que deriva en violaciones a derechos humanos por la privatización del servicio, que a decir de la empresa, carecen de sustento.
Y es que la concesionaria, a través de un comunicado de prensa, calificó como difamación los señalamientos hechos en el estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”, argumentando que “no se refiere a un procedimiento para determinar violaciones específicas a derechos humanos en términos de ley”.
Además, precisó que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para determinar violaciones específicas a los derechos humanos, debe realizarse en los términos del Título III de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos en vigor.
Al respecto, informó que en caso de haber corroborado que Agua de Puebla incurrió en dichas prácticas, se tuvo que haber levantado una denuncia, notificarles para luego emitir una resolución para erradicar las faltas por las que fueron acusados.
“El proceso concluye con una resolución de no responsabilidad o una recomendación que solo resulta vinculante si es aceptada por la autoridad. Dicho proceso legal no ha acontecido, por lo que no existe recomendación alguna de la CNDH” se detalló en el comunicado.
La empresa agregó que el estudio presentando en marzo de 2018, que fue publicado en varios medios locales y que fue realizado por académicos de la UNAM, “no tiene como objetivo valorar la actuación de Agua de Puebla en relación a los derechos humanos”.
“Las apreciaciones vertidas en dicho reporte, aunque se citan referencialmente en la investigación de la UNAM, no pueden interpretarse como una resolución o recomendación de la CNDH hacia Agua de Puebla, o como una manifestación de la CNDH sobre violaciones a los derechos humanos”, dice el comunicado.
Cabe mencionar que en dicho estudio, el organismo público sostuvo que Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Puebla y Veracruz el servicio del agua fue dado a una empresa a través de una licitación opaca que no contó con participación de la ciudadanía con sospecha de corrupción.
Editado por: Carlos Rodrigo Balcázar Placeres
