El itaipue rechazó que haya dado un ultimátum a los 339 sujetos obligados por no haber cumplido con publicar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que la fecha límite para hacerlo es el último día de este mes.
Así lo señaló, en entrevista al término de la primera sesión ordinaria del organismo, la comisionada presidenta Gabriela Sierra Palacios, quien comentó que lo único que han hecho es subir el área de oportunidad de cada uno de los que solventaron las observaciones en tiempo y forma.
En ese tenor, explicó que, derivado de la primera evaluación diagnóstica, sólo 69 sujetos obligados fueron los que respondieron al Itaipue, por lo que sólo de estos se publicó el resultado de la segunda evaluación.
“No se dio ningún porcentaje de calificación; recordemos que se están haciendo un exhorto a los sujetos obligados y el que las notas digan que el PAN es el único que cumplió, no es así (…) Únicamente se les hizo una segunda evaluación a quienes cumplieron en contestar sus primeras áreas de oportunidad”, reiteró.
Detalló que de acuerdo con el esquema en que están, la información se sube de manera trimestral, por lo que durante enero las únicas denuncias que aplican son en caso de que no se tengan los datos de septiembre para atrás.
Mientras que para el último trimestre del año pasado, es decir, de octubre a noviembre que tendrán todo enero para publicarla actualizada, pues en caso de no hacerlo, los ciudadanos ya podrán, a partir de febrero, denunciar el incumplimiento de la ley por consecuente aplicarse las sanciones.
Sin denuncias por incumplimiento
Sierra Palacios exhortó a los sujetos obligados a cumplir con la ley de Transparencia, pues recordó que el 5 de mayo del año pasado había sido la fecha límite, pero por cuestiones del sistema nacional, de la plataforma y deficiencias de la misma, se amplió el plazo a diciembre del año pasado.
Sin embargo, a pesar de esto, reportó que no han recibido denuncias de ciudadanos contra sujetos obligados, al tiempo de recordar que las sanciones van de los 11 mil a los 120 mil pesos, dependiendo de la gravedad que tengan.
“Yo espero que el 31 de enero el 100 por ciento de los sujetos obligados hayan cumplido; nosotros como instituto ya hicimos lo que nos toca, por lo que les reitero que a partir de febrero se aplicará la ley sin importar que dependencia o área sea”, remarcó.
De igual forma, se nombró como Oficial de Protección de Datos Personales del Instituto a Manuel Ángel Díaz Martínez, cuyas funciones serán asesorar a las distintas áreas administrativas del mismo, así como a su Comité de Transparencia, al tiempo de implementar políticas y programas en la materia.
