La presidenta del Itaip de Puebla, Gabriela Sierra Palacios, indicó que el 4 de mayo es la fecha límite para que sujetos obligados cumplan con las 49 obligaciones en materia de transparencia; entre ellos la versión pública de declaraciones patrimoniales.
En entrevista, indicó que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip) en la entidad será el órgano garante que valorará que la información de los sujetos obligados en materia de transparencia “esté lista” en dicha fecha.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla existen nueve sujetos obligados, entre los que destaca la incorporación de fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos.
Además, señala que los entes deben transparentar la remuneración bruta y neta de servidores públicos, las contrataciones de los servicios profesionales por honorarios, los montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad oficial, así como las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones.
También deben dar a conocer la información sobre procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, y las versiones públicas de declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
Sanciones de hasta 120 mil pesos
Sierra Palacios indicó que de no cumplir en el plazo establecido, comenzarán a aplicar sanciones a quienes no acaten la nueva normativa, aprobada en mayo de 2016, que podrían ser desde una amonestación pública hasta multas que van de los 150 hasta mil 500 días de salario mínimo, lo que significaría sanciones de 12 mil pesos a 120 mil pesos.
Lo anterior tras reunirse en con la Comisión de Transparencia, así como los legisladores Jorge Aguilar Chedraui y Germán Jiménez García con el propósito de construir una agenda de trabajo en materia de transparencia.
Para ello, se basarán en tres temas: acompañamiento del Itaip al Legislativo para atender las obligaciones en materia de transparencia como sujeto obligado; impulsar acciones de Parlamento Abierto que fomenten la participación ciudadana; así como la armonización de la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos.
