Sólo un día antes de vencer el plazo, el Congreso de Puebla completó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tras aprobar la Ley del Procedimiento Contencioso, que rige las facultades y funciones del TJA; con ello, el sistema está listo para operar.
Este viernes 19 de enero era la fecha límite para terminar de integrar el sistema que tendrá la tarea de vigilar la rendición de cuentas de la administración pública, así como investigar presuntos casos de corrupción y sancionar, tanto a funcionarios, instituciones públicas y particulares.
Para eso se aprobó el jueves el marco normativo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que será el encargado de dirimir las demandas que presenten particulares contra funcionarios o instancias de gobierno.
Para ello, tendrá la facultad de imponer sanciones, que irán desde una amonestación, hasta un arresto de 36 horas con ayuda de la fuerza pública.
Con 33 votos a favor y una abstención, la nueva ley integrada por 123 artículos y promovida por el gobernador Antonio Gali Fayad, fue aprobada por el pleno del Legislativo en sesión ordinaria del jueves.
El TJA lo forman los magistrados María de Lourdes Dib Álvarez, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almaguer, que ocuparán el pleno del tribunal por los próximos 13 años, también por decisión de Gali Fayad, quien “propuso” los perfiles a los diputados y ellos sólo los ratificaron.
Integran el SEA exfuncionarios
Los tres tienen pasado en la administración pública y vínculos con funcionarios importantes, como el propio gobernador y los ahora virtuales aspirantes panistas a la gubernatura y a la alcaldía de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y Eduardo Rivera Pérez.
A su vez, el TJA operará en coordinación con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, encabezada por el muy criticado Enrique José Flota Ocampo, extitular de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizará las investigaciones, recabará las pruebas y desahogará las diversas líneas de investigación que ayuden al tribunal a emitir un veredicto.
Por su parte, el Comité Estatal Anticorrupción -también conformado por exfuncionarios- fungirá como el primer eslabón del sistema, ya que se encargará de detectar posibles anomalías en las instancias gubernamentales, iniciar expedientes y turnar a la fiscalía posibles casos de corrupción que requieran investigación de campo o pericial.
También aportará observaciones a los procedimientos que inicie la fiscalía y el TJA, pero a diferencia de ello, no tendrá facultades para sancionar.
El tribunal y el comité ejercerán en su primer año de operaciones un presupuesto de 44 millones 700 mil pesos, 37 millones 500 mil para el primero y 7 millones 200 mil para el segundo.
En tanto, la fiscalía dependerá de lo que le otorgue de manera interna la FGE, órgano del cual depende y que este 2018 se le otorgaron 892 millones 992 mil pesos de presupuesto.
