Desde una amonestación pública, hasta un arresto por 36 horas con ayuda de la fuerza pública, podrá imponer el TJA como medidas cautelares para resolver los juicios por presuntos actos de corrupción de funcionarios o particulares en Puebla.
Multas de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida (UMA) o comparecer ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) serían otras de las opciones, según la iniciativa de Ley de Procedimiento Contencioso y Administrativo del estado.
Propuesto por el gobernador Antonio Gali Fayad, el proyecto consta de 123 artículos, dividido en cuatro títulos, que regirán las funciones y facultades del TJA.
De acuerdo con el documento de 78 páginas, presentado al Congreso local para que lo revise, analice, modifique y, en su caso, apruebe, “si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”.
En tanto, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso, según su indica en la fracción II del artículo 11.
Para ejercer el arresto, se podrá solicitar “auxilio de la fuerza pública”, tanto para la detención como para la expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia.
Asimismo, se dará vista al Ministerio Público (MP) cuando se trate de hechos probablemente constitutivos de delito mayor o de otra índole que no se encuentre bajo jurisdicción del tribunal.
Solo podrán denunciar particulares
El TJA atenderá únicamente probables actos de corrupción, incorrecta rendición de cuentas, delitos que atenten contra la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, así como todas las conductas que denoten un mal manejo de los recursos públicos.
Para ello, requerirá de una demanda presentada por un particular, un caso exhibido por los medios de comunicación, una solicitud de investigación por una instancia de gobierno o una orden turnada por otro órgano de investigación, como la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las empresas o sociedades civiles no podrán presentar una denuncia a su nombre, sino que deberán hacerlo por medio de un representante legal, que enfrentará el juicio como si fuera propio, de manera que se desconocerá cuando una empresa denuncie a una instancia de gobierno o a un funcionario por presuntos actos de corrupción.
Durante todo el proceso del juicio, EL TJA será auxiliado en las investigaciones por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, mientras que en la conformación de expedientes también coadyuvará el Comité de Participación Ciudadana.
Todo esto como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que empezará a operar este año, luego de que se conforme la Ley del Procedimiento Contencioso y se reforme la Ley de Responsabilidades de Funcionarios del Estado.
Se espera que la primera propuesta de ley se apruebe la próxima semana, luego de que ingresó al Congreso este martes y turnada a la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales.
En cuanto a la segunda, aún se desconoce la fecha tentativa en que sería presentada, pero también necesita ser propuesta por el gobierno estatal.
