De enero a junio de 2017, Puebla registró 20 ataques a periodistas en el contexto electoral, el 45 por ciento de las mismas, es decir nueve, se concentraron en el municipio de San Martín Texmelucan, ubicado en la zona “huachicolera”.
En dicha demarcación de la entidad poblana, la cobertura del robo de combustible por parte de los llamados “huachicoleros” ha llevado a que la prensa sea constantemente agredida.
Así lo dio a conocer el reporte “Violencia contra la prensa en México. Durante el primer semestre de 2017” de la organización Artículo 19.
El documento señaló que se han identificado focos rojos en municipios pequeños donde la violencia, resultante de la falta de instituciones sólidas y la presencia del crimen organizado, lleva a que la prensa sea un blanco fácil, como es el caso de San Martín Texmelucan, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán y; Tecomán, Colima.
En el caso de Michoacán, de los seis ataques documentados, tres se registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas: una amenaza, un caso de acoso y hostigamiento, y el desplazamiento forzado de un periodista debido al alto riesgo al que se enfrentaba.
Posteriormente, se documentaron casos graves en el estado, como un ataque físico en el municipio de La Piedad y la desaparición del periodista Salvador Adame, en el municipio de Múgica, mismo que fue calcinado en un sitio conocido como Barranca del Diablo.
Por su parte, en Tecomán, Colima, uno de los municipios más violentos del país, se concentraron las tres agresiones documentadas en todo el estado, incluyendo dos amenazas de muerte y un ataque físico.
1.5 agresiones diarias a comunicólogos
Dicha investigación indicó que en México se agrede a un periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero – junio) se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo 6 periodistas asesinados y uno más desaparecido.
Estas cifras representan un incremento del 23 por ciento respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016 (cuando se reportaron 218).
Respecto a los responsables de dichas agresiones, se presume que en el 50.7 por ciento fue cometido por funcionarios públicos (140 de 276).
