El OCLP respaldó la iniciativa del diputado Francisco Jiménez Huerta de exigir que los titulares de la FGE, Víctor Carrancá Bourget, y SSP, Jesús Morales Rodríguez, se sometan a exámenes de control, así como que acudan a comparecer.
En rueda de prensa, los integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano (OCLP) celebraron que el diputado local del PRI exija que se emprendan auditorías a personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para “eliminar la corrupción y abuso de información para la detención de líderes de grupos delictivos”.
Señalaron que es necesario que dichos mandos comparezcan ante el Congreso de Puebla para que expliquen el avance de inseguridad en el estado, pese a la millonaria suma de recursos recibidos para su combate, además de que respondan a los señalamientos de la supuesta protección a los dedicados al robo de combustible.
“La colusión entre la dependencia que preside Jesús Morales y los cárteles son obvios, al punto de que la Federación realiza los operativos de manera sorpresiva incluso para el gobierno estatal, pero no son aprehendidos los delincuentes”, acotaron.
Ley de Seguridad Interior sería inconstitucional
Asimismo, rechazaron el punto de acuerdo promovido por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui, en representación de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para exhortar al Congreso de la Unión para que dicte a la brevedad la Ley de Seguridad Interior.
Y es que, consideraron que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no de militares.
Consideraron que, de ser aprobada, dicha normativa sería inconstitucional porque –argumentaron—el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, según se señala en el artículo 73 de la Constitución.
Expusieron que la Ley de Seguridad Interior habilitaría el espionaje de manera oficial para que el gobierno pueda obtener información privada de cualquier manera y sería una “licencia” para utilizar la fuerza, incluso letal, para controlar la protesta pacífica.
