En 34 años del CTEP ningún agremiado ha cometido un delito, sostuvo la dirigente Erika Díaz Flores, quien con ayuda del diputado priista Leobardo Soto Martínez llenó de taxistas el Congreso local para exigir nuevos permisos durante un foro de transporte.
Al menos 100 unidades con distintivos del Consejo Taxista del Estado de Puebla (CTEP) fueron estacionados sobre la calle 5 Poniente, frente al edificio Legislativo, para –además de impedir el paso- promover a su lideresa, quien no ha descartado aspiraciones políticas, pues en los parabrisas y lunetas (vidrio trasero) portaban calcomanías que invitan a agremiarse al consejo, pero sobresale el nombre “Erika Díaz”.
Por espacio de dos horas y media –de 10 de la mañana a 12:30 de la tarde- los vehículos negro con amarillo estuvieron estacionados en vía pública mientras sus propietarios, los concesionarios, estaban dentro del recinto sentados en las curules de los diputados locales.
El argumento: el salón de plenos fue utilizado para la clausura del foro “Por un transporte legal, seguro y moderno”, promovido por el CTEP y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) Puebla, que lidera Soto Martínez.
El evento se centró en señalar la falta de regulación a las empresas del transporte ejecutivo (vía aplicación móvil), así como dar a conocer las “propuestas” de los transportistas.
Exige permisos y gobierno se los promete
Entre ellas, destaca que los choferes de empresas como Uber o Cabify cumplan con los mismos requisitos para tramitar un permiso del transporte mercantil, como ya se contempla en la iniciativa de ley que busca endurecer las reglas a estas plataformas.
Pero además de eso, Díaz Flores exigió nuevos permisos, pues argumentó que la cantidad de usuarios ha crecido junto con la ciudad.
Aunque no dijo cuántos permisos demanda, denunció que el gobierno estatal no ha otorgado nuevos desde el 2006, por lo que la cifra de taxis ha permanecido en 13 mil, pero esos ya no son suficientes.
Ante ello, Alberto Vivas Arroyo, subsecretario estatal de Movilidad y Transportes, prometió durante su intervención que “con mucho gusto” se hará un estudio técnico para ver cuántos nuevos permisos se pueden otorgar, de acuerdo con la taza de usuarios.
Sus cifras la contradicen
A pesar de que, en tribuna, Díaz Flores sostuvo que los taxistas ya no se dan abasto y por eso se requieren nuevos permisos, en entrevista con los medios de comunicación al concluir el evento, dijo todo lo contrario, pues acusó que debido a la operación de Uber y Cabify, sus agremiados registraron pérdidas del 20 al 50 por ciento.
De ahí que desechó que su campaña contra dichas empresas tenga intereses políticos, pues justificó que sólo “defiende” el trabajo de los 13 mil choferes, aunque señaló que no todos forman parte del CTEP.
“Solo una fracción de esos 13 mil son de nosotros (del consejo); pero los demás también tuvieron bajas”, denunció.
De ahí justificó su exigencia de sacar de Puebla a empresas que operan mediante una aplicación móvil, pues señaló que además de no cumplir con los mismos requisitos que un taxista, no pagan los mismos impuestos y son inseguros.
Al recordarle que hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) dio a conocer que también taxis tradicionales se han visto envueltos en actos delictivos, Díaz Flores se deslindó diciendo que ellos no forman parte de su agrupación.
Sin historial de delitos
“Con mucho orgullo puedo decir que en 34 (años) del consejo taxista no hemos tenido en nuestras filas algún improvisado que venga a realizar algún delito. Eso nos enorgullece”, expresó.
En cambio –reifiró- las personas que operan en el transporte ejecutivo tienen antecedentes criminales, porque “es muy fácil y económico” entrar a trabajar con ellas.
“Las personas que están saliendo de la cárcel con el nuevo sistema penal, quieren trabajar de taxistas, pero les negamos la entrada porque tienen antecedentes penales, entonces se van con Uber y ahí trabajan”, aseguró.
Incluso, sostuvo que los taxis “piratas”, “no son taxis, sino Uber”, pues afirmó que son choferes que están registrados con la empresa y también realizan viajes colectivos sin ninguna regulación gubernamental.
