Licencia mercantil, autos para personas con capacidades diferentes, así como transparentar el padrón de choferes serían las nuevas obligaciones de las redes de transporte ejecutivo (como Uber) que, si Cabify cumple, podrá volver a operar en Puebla.
Las otras nuevas disposiciones que se contemplan son publicar los resultados de los exámenes toxicológicos de los conductores, actualización de su carta de antecedentes no penales cada seis meses y capacitarlos en materia de igualdad de género y respeto a las mujeres.
También, se incluyó la prohibición de cobrar en efectivo y hacer base, anunció este lunes el subsecretario de Transporte, Alberto Vivas Arroyo, en rueda de prensa al concluir la sesión ordinaria de la comisión de Seguridad Pública del Congreso local, a donde acudió a adelantar de qué se trata la iniciativa de ley para endurecer la regulación a estas plataformas.
A pesar de que la propuesta enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad fue la respuesta a los actos delictivos en los que se vieron involucradas estas empresas de transporte, en la iniciativa no se incluyó la instalación de cámaras de video vigilancia ni de botones de pánico, como herramienta para hacer las unidades más seguras.
Tampoco se tomó en cuenta exigir un mínimo de residencia en Puebla a los choferes, así como unidades exclusivas para mujeres conducidas por mujeres, que fue uno de los principales planteamientos que se hicieron desde el sector civil y puntos de acuerdo de diputados locales.
Tendría modificaciones
Ante ello, el funcionario estatal dijo que el proyecto de ley, que será presentado al pleno del Legislativo el miércoles, no es definitivo, sino una propuesta que será revisada por los diputados para que hagan las adecuaciones necesarias.
Adelantó que una vez que las nuevas reglas se agreguen a la Ley Estatal del Transporte, todas las empresas que presten el llamado servicio “ejecutivo” –tanto las existentes como las nuevas que lleguen a la entidad- estarán obligadas a cumplirlas o, de lo contrario, se procederá a sancionarlas.
Sin embargo, dijo que aún no se fija un plazo para cumplir las nuevas disposiciones, ya que lo primero es su revisión y aprobación.
Al precisar que la nueva regulación es únicamente para las empresas de transporte con aplicación móvil, Vivas Arroyo aseguró que si Cabify cumple con las nuevas medidas podrá volver a operar en Puebla.
Descarta “linchamiento” a Uber y Cabify
Esto –señaló- con el fin de que los usuarios tengan diversas opciones para elegir, pues sostuvo que el estado está a favor de todas las alternativas de transporte, así como de la competencia económica, al tiempo de descartó un “linchamiento mediático” contra Uber o Cabify.
No obstante, reconoció que por ahora no se tomarán medidas adicionales para mejorar la seguridad del transporte público mercantil (taxis) pues, aunque admitió que también se han visto involucrados en hechos delictivos, defendió que ya se han tomado acciones contra ellos, como la revocación de concesiones.
Ante la insistencia de la prensa respecto a si no es necesario también transparentar un padrón de taxistas, intervino el diputado Mario Rincón González, presidente de la comisión, para afirmar que una vez que se concreten las nuevas regulaciones al servicio ejecutivo se procederá con el mercantil.
La iniciativa de Gali Fayad fue enviada a la Oficialía de Partes del Congreso el viernes a las 6 de la tarde, pero será hasta el mediodía del miércoles cuando se presente formalmente en el pleno, para que posteriormente sea turnada a las comisiones de Seguridad Pública y a la Movilidad y Transportes, donde será analizada, modificada y, en su caso, aprobada.
No descarta que Carrancá comparezca
Por otro lado, Rincón González no descartó que víctor Carrancá Bourguet, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) sea citado a comparecer al Congreso para que aclare el robo de artículos incautados en escenas del crimen.
Al dar a conocer que el Legislativo ha pedido formalmente a la FGE una explicación sobre lo ocurrido, el diputado señaló que si en los próximos días no se recibe este informe, la comisión de Seguridad Pública que él encabeza citaría a Carrancá Bourguet a declarar en persona.
El diputado panista refirió que tiene conocimiento de que se abrió la carpeta de investigación por el robo con valor aproximado de 8 millones de pesos que se perpetró el mes pasado en la bodega de indicios de la FGE, sin embargo, aseguró que desconoce los avances de las indagatorias, por lo cual se está considerando la comparecencia del fiscal.
