El gobierno del estado y la Conagua presentarán un plan integral para el saneamiento del rio Atoyac que llevaría 5 años y cuya prioridad será reforzar la vigilancia de las descargas ilegales y la construcción de plantas de tratamiento.
Así lo señaló, durante su visita a la Angelópolis, Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien reconoció que no sólo basta con la inversión en infraestructura que se haga para las plantas tratadoras, sino que es necesario tener una revisión constante en las industrias, empresas y hasta en los ayuntamientos, pues de lo contrario no podrá avanzarse.
Consideró que es un tema complejo, ya que –ejemplificó– cuando acuden a una empresa a revisar una descarga los responsables la cierran y no encuentran alguna anomalía, pero después de que termina la inspección la vuelven a abrir.
Asimismo, refirió que el gobierno estatal y la Conagua no pueden hacerlo solos, sino que necesitan la cooperación de otras autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de los ayuntamientos.
Detalló que las sanciones ya están establecidas en la norma y no es que se decida multar más o menos a una empresa, sino de acuerdo a la circunstancia del caso es como se hace, al tiempo de resaltar que si se quiere imponer un castigo mayor es necesario reformarse la ley.
Origen está en las descargas
“Requerimos de un plan conjunto y tenemos que ir al origen y el origen está en las descargas, entonces nuestra prioridad va a estar en este tema, más que en construir infraestructura, que sí hay que hacerlo, pero nuestra mayor preocupación son las descargas, no es una cuestión de opacidad, sino de complicidad y por ello se aprovechan”, expresó.
Lo anterior, tras la firma de convenio de colaboración con el gobernador Antonio Gali Fayad, el cual tiene como objeto implementar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Es necesario mencionar que, de acuerdo con la asociación civil Da la Cara al Atoyac, los 22 municipios que están en la cuenca del río Atoyac contribuyen a la contaminación del afluente con el 60 por ciento de las emisiones, mientras que los 33 de Tlaxcala complementan otro 40 por ciento.
Mientras que Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), dijo que son 8 mil 109 empresas las que han sido “plenamente” identificadas como las que contaminan el afluente.
A ello se suma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como a autoridades federales y municipales por ser “omisos” ante la contaminación por aguas residuales del río Atoyac, con lo que se viola los derechos humanos de habitantes.
