Esta semana se tendría el informe sobre si el gobierno de Puebla cumplió con las 11 recomendaciones que le hizo la Conavim, el 28 de junio de 2016, tras la solicitud que organizaciones hicieron para valorar activar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Fue a principios de 2016 cuando Violeta Lagunes Viveros y Yesica Martínez Taracena, vocera y presidenta de la asociación “Todos para Todos”, pidieron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la AVG para el estado por la cantidad de feminicidios que ya se habían presentado.
De este modo, en marzo de 2016– fecha en la que sumaban 19 asesinatos de mujeres en lo que iba del año –cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitió una convocatoria para conformar un grupo de expertos que realizarán un informe dirigido a las autoridades de Puebla para atender la violencia de género.
El grupo multidisciplinario integrado por cuatro académicos, dos locales y dos nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Mujeres (INMujeres), el Instituto Poblano de la Mujer (IPM) y la Conavim analizaron la situación de Puebla por lo que se emitieron las 11 recomendaciones.
A partir del 28 de junio de 2016, empezaron a correr seis meses para que la administración estatal, entonces encabezada por el panista Rafael Moreno Valle, atendiera los puntos, es decir que la fecha límite fue el 28 de diciembre.
Sin embargo, el 11 de enero de este año, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano –quien continúa en el cargo—entregó un documento en el que aseguró que se dio cumplimiento.
Las 11 recomendaciones
Dichos puntos son que el gobierno debió elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia contra mujeres; garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), para que todas las instancias suministren información en tiempo y forma sobre la situación de este problema; implementar una política para realizar campañas; acciones para sensibilizar a medios de comunicación.
Capacitar en el tema a los servidores públicos; modificar el Código Civil, Código Penal, así como a ley para las mujeres a una vida libre de violencia y la de violencia familiar; implementar una estrategia con universidades; reformar el protocolo de investigación del delito de feiminicio; fortalecer a las instituciones involucradas en la materia.
Además de realizar programas de capacitación de derechos humanos y no discriminación con un enfoque de género interculturalidad dirigido al personal del servicio de salud y, finalmente, garantizar el conocimiento de este protocolo por parte de los responsables de su aplicación.
En ese tenor, Alejandra Negrete Morayta, titular del Conavim, durante su visita a Puebla el 14 de febrero, comentó que el grupo multidisciplinario estaba estudiando el documento y tendría un informe en la primera quincena de abril, aunque dejó abierta la posibilidad de dar a la administración estatal, ahora ya a cargo de Antonio Gali Fayad, una prórroga.
Cabe mencionar que 2016 concluyó con 82 feminicidios, por lo que se convirtió en el año con más casos, mientras que en lo que va de 2017 ya se han contabilizado 27.
