De 2 mil 615 servidores públicos de base y de confianza del ayuntamiento de Puebla, 2 mil 521 (el 96.4 por ciento) no aceptó publicar su declaración patrimonial, entre ellos los 23 funcionarios que integran el gabinete; sólo aceptaron 94 (3.6 por ciento).
Comparado con el año pasado, la negación creció 1.5 puntos porcentuales, ya que en 2016 fueron 2 mil 430 (en un padrón de 2 mil 560) los que se negaron a publicar sus bienes, es decir, el 94.9 por ciento, dijo que no.
De los 94 que sí aceptaron hacer público su patrimonio este año, 77 (82 por ciento) lo hizo también el año pasado, por lo que este 2017 solo será actualizada su declaración, mientras que los 17 restantes (18 por ciento) será la primera vez que la tramitarán.
Así lo dio a conocer la Contraloría Municipal en su informe anual de declaraciones patrimoniales, que publicó en la plataforma de transparencia del ayuntamiento el pasado 4 de mayo.
Destaca que los servidores que accedieron a dar a conocer su sueldo y valor de sus propiedades ostentan cargos de media alta y mediana jerarquía, mientras que ninguno de los mandos altos, o sea los titulares de las secretarías, quiso hacerlo.
Mandos medios aceptan; los altos no
Por ejemplo, de los 94 que sí publicarán su patrimonio, 27 (28 por ciento), son policías que tienen a su cargo algún sector de la Policía Municipal, mientras que Alejandro Santizo Méndez, quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), se negó a hacerlo.
En tanto, 24 (25 por ciento) son analistas en varias secretarías; 21 (22 por ciento), son coordinadores; 10 (10.6 por ciento), son supervisores; otros 10 son jefes de departamento; así como hay un secretario técnico y un alcaide.
Por otra parte, de los 2 mil 521 que no aceptaron hacer pública su declaración, hay desde titulares de área, directores, subdirectores, jueces calificadores, inspectores, secretarios particulares, hasta llegar a policías que lideran alguna unidad en algún sector, quienes son el rango más bajo en la clasificación del personal de base y de confianza del ayuntamiento, pues portan la clave XIV en una jerarquía donde el alcalde, Luis Banck Serrato, porta el primer lugar, con la clave I.
De los 23 funcionarios que conforman el gabinete municipal, 17 hicieron pública su declaración el año pasado, mientras que los seis restantes no porque apenas asumieron sus cargos este año.
Tal es el caso de Leticia Lorenzo Zamudio, titular de la Contraloría Municipal, quien a partir del 1 de febrero de este año se encarga de tomar las declaraciones patrimoniales de todo el personal del ayuntamiento, pero se negó a hacer pública la suya.
Gabinete no publica su patrimonio
De igual modo, Héctor Javier Arrona Urrea, de la Tesorería Municipal; Alejandro Cortés Carrasco, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesom); Víctor Mata Temoltzin, de la Secretaría de Desarrollo Económico; David Aysa de Salazar, de la Secretaría de Infraestructura y José de la Rosa López, del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), que asumieron el cargo también en febrero, decidieron no publicar a cuánto ascienden sus ingresos mensuales, anuales y qué propiedades tienen.
Por otro lado, de los 17 funcionarios que tienen más tiempo en la actual administración municipal (que inició en 2014 y concluirá en el 2018) únicamente tres rindieron su declaración en los primeros tres años, es decir del 2014 al 2016.
Los 14 restantes sólo lo hicieron a principios del 2016, pero a cinco meses del 2017 ninguno las ha actualizado, o sea, sus declaraciones publicadas tienen más de un año de antigüedad.
Este lunes, Ángulo 7 evidenció que en las declaraciones patrimoniales correspondientes al 2016 -que apenas fueron publicadas en la página web del ayuntamiento el 4 de mayo- todos los funcionarios omitieron información, ya sea propiedades, cuentas bancarias o el sueldo y patrimonio de su cónyuge, además de que en ninguna declaración viene especificado el valor de los bienes que registraron.
Y es que la ley de transparencia pide que den a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, aunque especifica que los funcionarios pueden reservarse cierta información que consideren que es parte de su “vida privada”.
Sin embargo, organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideran que la declaración permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee el declarante desde el inicio hasta el fin de su encargo.
“Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del funcionario o persona de interés público crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares”, señaló el IMCO en la introducción de motivos de su proyecto de la llamada ley “3 de 3”.
