El presidente Enrique Peña Nieto admitió que su gobierno federal cuenta con tecnología de espionaje para “mantener la seguridad interna del país”, pero negó que se use contra periodistas y activistas, pues “no hay evidencia de que hayan sido afectados”.
Tras la denuncia de al menos 76 ataques de espionaje gubernamental contra civiles, sostuvo, durante un evento oficial en Jalisco, que su administración es “democrática” y “abierta a la crítica”, por lo que condenó “cualquier intervención a la vida privada de los ciudadanos” y pidió a la PGR que investigue los “supuestos casos de espionaje”.
“Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía (…) ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar, mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada o lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”, afirmó.
Por lo anterior, refirió que ha instruido a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar con “prontitud” para que determine si las acusaciones, basadas en un informe de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), “tienen sustento” y “aplique la ley contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.
En México, todos “nos sentimos espiados”, asevera
En el evento, donde estuvo acompañado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseveró asimismo que los mexicanos “las más de las veces nos sentimos espiados” y comentó que él ha vivido esa experiencia, por lo que es “cuidadoso con lo que dice”.
“A veces recibo mensajes cuya fuente desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía; ya ha pasado”, reveló.
Reiteró que “nadie puede señalar” que su gobierno “no haya tolerado y sido condescendiente con las voces críticas”, además de haber reconocido que “la crítica lo enriquece”.
Pese a la postura de Peña Nieto, que ya había sido difundida por su oficina, la Organización de las Unidas (ONU) pidió una “investigación independiente” para esclarecer los hechos y sancionar a cualquier institución gubernamental responsable.
Asimismo, senadores del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigieron que la Cámara Alta cite a declarar sobre los casos a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade.
