El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó, ante la CIDH, que su equipo de peritos habría sido objeto de espionaje por parte del Estado mexicano, cuando se encontraba investigando la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa.
Así lo manifestó mediante un carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de 163 Periodo de Sesiones del organismo, donde señaló que varios de sus integrantes recibieron mensajes semejantes a los denunciados por periodistas, activistas y políticos desde el pasado 19 de junio.
Al referirse al documento, cuyo contenido no reveló completamente, Esmeralda Arosemena de Troitiño, integrante de la CIDH, preguntó a los representantes del gobierno mexicano sobre los señalamiento en su contra, por contar con equipo de espionajes presuntamente usados contra opositores, y los conminó a emitir pronto una postura oficial.
Por su parte, Mario Patrón, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, urgió a la comisión a expresar “su mayor indignación” y responsabilizó al gobierno federal si se dan a conocer conversaciones personales de activistas, además de poner en duda la investigación puesta en marcha por la Procuraduría General de la República (PGR).
Gobierno ya atiende recomendaciones de CNDH, reviran
En respuesta, Ricardo Sánchez Pérez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, reiteró el llamado del presidente Enrique Peña Nieto para que “quienes se sientan víctimas de espionaje colaboren con la autoridad”.
En tanto, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya atendieron las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación con la adquisición y uso del software de espionaje Pegasus.
“Las medidas cautelares básicamente están orientadas, primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad; segundo, que se abstengan de utilizar información que pudiese derivarse de este procedimiento”, indicó.
Cabe recordar que, el pasado 20 de junio, la ONU pidió al gobierno de México permitir una “investigación independiente” del supuesto espionaje de Estado contra periodistas y activistas, así como sancionar a cualquier institución pública responsable.
