Debido a los señalamientos por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para obras públicas, la PGR investiga las cuentas y bienes de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
Para cumplir este objetivo, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) un listado de los movimientos financieros de Lozoya entre 2012 y 2016, periodo en el que fungió como director de dicha empresa paraestatal.
De acuerdo con información difundida por Reforma, la CNBV tendrá que informar a la dependencia federal sobre estados de cuenta, depósitos y retiros en cuentas de ahorro, inversión y cheques por parte de Lozoya Austin. Asimismo, deberá confirmar si el exdirector de Pemex tiene cuentas en el extranjero, ya sea como titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario o representante legal.
Por otra parte, pidió al Instituto Nacional de Migración un reporte para saber si el exfuncionario viajó a Brasil, país originario de Odebrecht, durante su gestión al frente de Pemex.
SFP indaga gestión del exfuncionario
Paralelamente a dichas indagatorias, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga la evolución patrimonial de Lozoya Austin como servidor público, con el fin de descartar enriquecimiento ilícito.
Lo anterior sucede luego de que, el pasado 13 de agosto, el diario O Globo, de Brasil, en colaboración con Quinto Elemento Lab, reprodujo los testimonios de tres exdirectivos de Odebrecht, quienes señalaron a Lozoya Austin como destinatario de “propinas” por al menos 10 millones de dólares a cambio de contratos en la refinería de Tula, Hidalgo.
Tras esta revelación, el exfuncionario acudió a la PGR para conocer la información en su contra y se reservó su derecho a declarar; en conferencia de prensa posterior, negó cualquier acto ilícito durante su gestión y anunció demandas por daño moral en contra de Odebrecht.
Asimismo, rechazó los señalamientos sobre el uso de tales sobornos para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, puesto que este año fungió como representante legal del priista.
Editado por Luis Alberto Palacios