Tras la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala que negó un amparo a cuatro integrantes del Fpdtampt, entre ellos dos de Puebla, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos buscará que la CIDH, la CNDH y el Congreso federal intervengan en el caso, para lo que recaban firmas.
A través de un comunicado, dicha red que agrupa a 84 organizaciones de 23 estados del país, manifestó que los defensores llevan ya 39 meses sin acceso a la justicia, pues el expediente de amparo a cargo de dicho juzgado, estuvo “colmado de mañas e irregularidades legales”.
Señaló que a Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solis –estos dos úlltimos, poblanos– del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (Fpdtampt), les ratificaron una orden de aprehensión que pesa en su contra desde el 6 de mayo de 2014.
Sin embargo, manifestó que en el proceso faltó el reconocimiento de la personalidad en el amparo como defensor de derechos humanos, a pesar de que otras autoridades así lo han reconocido; la violación a su derecho humano de debida notificación y libertad al retirar las suspensiones definitivas de sus amparos.
Además de la falta de una justicia pronta y expedita al no resolver en tiempo razonable los incidentes interpuestos por los Juzgados de Distrito y la “inobservancia” de todas las pruebas ofrecidas por el defensor de derechos humanos.
El organismo nacional refirió que las comunidades cercanas al volcán han vivido 5 años de “represión” en contra del afán de “imponer” el Proyecto Integral Morelos, además de que viven una “incapacidad” de los organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales a pesar de haber iniciado procesos de medidas cautelares
Suman más de 180 firmas
Así como actos como la ocupación policial, encarcelamiento, tortura, amenazas, golpes y despojos han sido la actitud constante del gobierno contra quienes se oponen al proyecto, por lo que manifestó su preocupación por la libertad, integridad física y psicológica, así como la seguridad jurídica de los defensores de derechos humanos.
Por lo anterior, se encuentran recabando firmas para dar a conocer esta situación a la CNDH, CIDH y el Congreso de la Unión, por lo que hasta el momento ya llevan 181 rúbricas entre sábado y domingo.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le piden que emita comunicaciones al gobierno de México con el fin de velar por la libertad, integridad física y seguridad jurídica de los defensores de derechos humanos.
Mientras que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emita una pronta resolución a las quejas CNDH/6/2012/9556/Q y CNDH/6/2014/2918/Q, con las que se busca sean protegidos los derechos humanos de las comunidades indígenas del volcán Popocatépetl, así como sus defensores comunitarios.
Y al Congreso de la Unión, que realice el debido seguimiento a al exhorto emitido el 24 de septiembre de 2015 a la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, así como promueva el establecimiento de una mesa de trabajo en los términos que se acordó en dicha fecha sobre el tema.
Cabe mencionar que el PIM atraviesa 60 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.