El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (Fpdta) acusó que un Juez de Tlaxcala, negó un amparo a cuatro integrantes contra una orden de aprehensión por oponerse a la obra del Gasoducto Morelos, tras valorar “indebidamente” las pruebas.
A través de boletín de prensa, explicó que los “perseguidos” son Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solis.
Detalló que esta última persona estuvo en prisión 3 años con 3 meses, desde mayo de 2014, acusado de los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad con agravante de violencia, contra servidor público y pandillerismo.
Mismos delitos por los que también fueron detenidos los comisariados ejidales Enedina Rosas Vélez y Avelino Velázquez Tapia.
Y también son los mismos delitos por lo que ahora son acusadas las otras tres personas y fueron ratificadas sus órdenes de captura el pasado 28 de julio por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala.
Trabajadores de CFE acusan secuestro
Según el Fdpta, el 19 de enero de 2014 el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Julio Chapa Garza, denunció ante el Ministerio Público Federal el supuesto secuestro de trabajadores de tres trabajadores de la misma, con lo cual se inició la “persecución” de los activistas.
Versión que fue “ratificada” por las supuestas víctimas, Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santo al acudir personalmente a denunciar el hecho casi 4 meses después.
En tanto, para septiembre de 2015 el frente denunció que dicha orden de aprehensión “fue utilizada como moneda de cambio” para que los comisariados ejidales aceptaran el paso del gasoducto a cambio del perdón.
No hay condiciones para consulta
Agregó que luego de la sentencia de amparo dictada el 7 de abril de 2017, donde se concede a los pueblos de Atlixco ser consultados como pueblos indígenas sobre la construcción y funcionamiento del Gasoducto Morelos, es evidente que no existen las condiciones para dicha consulta.
Lo anterior, aseguró, porque se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos y que en caso de seguir la obra bloquearía las rutas de evacuación en caso de una erupción del Popocatépetl.
