El edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, podría ser destituido y enfrentaría una condena de 3 a 9 años de prisión porque se desdijo de “invadir” el predio de la familia Tlatehui Juárez e instalar una malla que bloqueó el acceso de este.
Así lo señaló Álvaro Ramírez Rivera, representante legal de dicha familia, pues indicó que se presentó contra el alcalde un tercer amparo que, si falla a favor de sus clientes, también recibiría una multa de 50 a 500 días de salario mínimo y la inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñarse nuevamente como servidor público
Recordó que, el 29 de noviembre, el ayuntamiento, a través de José Mario Méndez Balbuena, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, presentó un informe bajo el número 2273/2017 ante un juez federal, como respuesta a un amparo tramitado por la familia que acusó el despojo.
En ese documento aceptó que “es cierto el acto reclamado, pero no inconstitucional o violatorio de garantías fundamentales o derechos humanos”, pues sí habría un acta de expropiación.
Sin embargo, el 7 de diciembre presentó otro a manera de “aclaración” del primero donde asegura que “no se encontró oficio, mandamiento, orden, solicitud de apoyo mediante la cual se haya solicitado al suscrito (Méndez Balbuena) la orden de ejecución para el despojo (…) por lo que rectifico y niego el acto”.
Es decir, en una primera instancia aceptó haber “invadido” dicho predio, pero luego señaló que no fue así, motivo por el cual –indicó el litigante– enfrentaría los mismos cargos que el edil –quien al ser la máxima autoridad del municipio, sería el principal responsable–, ya que la dependencia de la que es titular fue el conducto por el cual se negó la presunta expropiación.
Señaló que ello demuestra que el gobierno de San Andrés Cholula “niega la verdad”, por lo que la familia presentó el nuevo amparo por el supuesto delito.
Gobernación sin acreditar expropiación
Asimismo, mencionó que sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación de esta demarcación, Oscar Palacios Ramírez, a quien le solicitaron el decreto de expropiación y con quien trataron de negociar una indemnización por invadir su predio y herir a dichas mujeres.
No obstante, aseguró que esta dependencia no mostró tales documentos, pero sí deberá hacerlo en la audiencia que resolverá el primer amparo el próximo 9 de enero.
Cabe recordar que, el 10 de noviembre, la familia acusó que la entrada de su vivienda fue bloqueada para construir en el predio aleñado una oficina del DIF municipal e incluso les fue derribada una barda de su predio donde habitan cinco familias, esto sin que se les acreditara algún documento de expropiación ni notificación.
Ante esto interpusieron un primer amparo que resultó en el ordenamiento a Paisano Arias de suspender la construcción la oficina del DIF en el predio de la familia y dar atención médica a Miriam Tlatehui Colexcua, quien sufrió heridas durante la expropiación.
Sin embargo, en medio de protestas por parte de los habitantes, el 22 de noviembre dio inicio la construcción de este inmueble, evento al que asistió la presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali.
