Un juez ordenó a Leoncio Paisano Arias, edil de San Andrés Cholula, suspender la construcción de una oficina del DIF en el predio de la familia Tlatehui Juárez y dar atención médica a Miriam Tlatehui Colexcua, quien sufrió heridas durante la expropiación.
De acuerdo con la demanda de amparo 2288/2017-III, promovida por Criseida Margarita Torres, representante de Tlatehui Colexcua, la agraviada reclama que tanto el alcalde como “otra autoridad” incurrieron en la “obstaculización para que recibiera atención médica” a consecuencia de las heridas que tuvo por la instalación de malla ciclónica en dicho terreno.
Lo anterior, luego de que el pasado 14 de noviembre se reportara que trabajadores arribaron a dicho terreno para colocar la malla, sin mostrar ningún documento, lo que bloqueó “el acceso y la salida” del inmueble, además de dejar a 20 personas dentro.
En el entendido de que la constitucionalidad de estos actos será llevada a juicio, el impartidor de justicia determinó emitir “la suspensión de plano” de la obra “a fin de que cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional”, que prohíbe las agresión física como medio para impartir justicia.
Debe hacerse cargo de atención a afectada
Asimismo, remarcó que la “falta de asistencia médica” alegada por la quejosa “atenta directamente contra la salud de aquella y (…) en términos de artículo 123, fracción II, de consumarse haría físicamente imposible restituirle la garantía violada”
Por lo tanto, mandató a las autoridades municipales realizar las diligencias necesarias para que Tlatehui Colexcua reciba una atención médica adecuada a las lesiones que presente y, de ser necesario, sea trasladada a un centro hospitalario donde se la proporcionen de manera oportuna.
Cabe recordar que, según las acusaciones de la familia, Tlatehui Juárez fue el viernes 10 de noviembre cuando, sin ninguna orden o procedimiento, arribaron más de 12 patrullas a la casa ubicada en la 3 sur 1513 del Barrio de Santa María Coaco y, con lujo de violencia, personal de obras tiró la barda del predio con ayuda de maquinaria.
Ante este hecho, aunado a la colocación de la malla, el pasado 14 de noviembre, también solicitó el inicio de una carpeta de investigación con el expediente CDI-18457/2018/ZC por los delitos de daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad y lesiones, contra la autoridad municipal.
