Luego de que el pasado viernes Uber suspendiera el cobro en efectivo en Puebla, la empresa interpuso ese mismo día un amparo contra dicha prohibición, al considerarla una acción discriminatoria para aquellas personas de menores ingresos.
A través de un comunicado, la firma estadounidense argumentó que el pago en efectivo se acepta desde marzo de 2017, por lo que más de 326 mil poblanos han utilizado este método de pago viajando desde y hacia colonias como Santa María la Rivera, Anzures, Centro, Concepción de la Cruz, San Diego de Los Sauces y Posadas, principalmente.
En el documento firmado por Federico Ranero, director general de Uber México, detalló que han dado servicio con esa modalidad de cobro a algunos de los destinos más populares en la capital, como la Central de Autobuses Puebla (CAPU), centros comerciales y universidades como Upaep, BUAP y UVP.
En ese tenor, la empresa de viajes ejecutivos afirmó que además de que impugnará el artículo de la ley que atenta contra la libertad contractual, atribuyendo responsabilidad civil, penal o administrativa directamente a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) de manera arbitraria y sin intervención de autoridad judicial, buscará que no se realicen investigaciones socioeconómicas a posibles socios.
En el documento, manifestó que dicha acción excede las facultades de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), pues no es órgano encargado de deslindar responsabilidades, ni de determinar el alcance, contenido y validez de las cláusulas pactadas por las partes en contratos mercantiles.
Y es que, argumentó, aún cuando la nueva regulación del Congreso local no prohíbe explícitamente el pago en efectivo, Uber ha recibido notificaciones por parte de las autoridades para suspenderlo, lo que significa limitar el uso de la aplicación a un 56 por ciento de la población que no tiene acceso a una tarjeta de crédito.
Era la última opción, afirma
“En Uber, las acciones legales siempre serán nuestra última opción, buscamos seguir trabajando de la mano de las autoridades para incrementar la seguridad y mejorar la movilidad en Puebla, pero para mantener el acceso a la aplicación a las personas que pagan en efectivo y las ganancias de los socios conductores decidimos impugnar”, cita el comunicado.
Asimismo, la firma estadounidense detalla que la seguridad de los usuarios y los socios conductores es la “absoluta prioridad”, por lo que la empresa cumple los elementos de seguridad requeridos por las autoridades, como son exámenes toxicológicos, psicométricos y psicológicos, difusión de información de seguridad e inclusión a socios conductores, entre otros que van más allá de lo requerido por la ley.
Adicional a estos puntos, señaló Uber, cuenta con la información de todos los viajes de usuarios y socios conductores desde el inicio de la operación en Puebla, lo que significa que tienen resguardada la información por más de 2 años.
Además de que cuenta con una relación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE), misma a la que se le proporciona la información requerida para investigaciones donde personal o usuarios pudieran estar involucrados.
Finalmente, Uber indicó que aunque no es un requerimiento que se especifique dentro de la nueva regulación para las ERT, se ha incluido dentro de la aplicación, tanto para usuarios y socios conductores, un número de emergencia con línea directa a las autoridades estatales.
Es de señalar que luego de que se aprobara la Ley de Transporte, Uber continúo haciendo cobros en efectivos, para después deshabilitar dicha opción.
