Fernando Fernández Font, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno “quedan a deber” en la protección de los derechos humanos y pidió no olvidar casos que vulneraron esas garantías.
En su discurso, al encabezar un foro organizado por dicha institución en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el académico aseveró que para garantizar el respeto a las garantías individuales, debe existir una participación entre todos los sectores sociales.
Y es que dijo, no basta con exigir a los gobernantes que garanticen el respeto y la protección a este tema, pues ni las pasadas ni las actuales administraciones hacen lo que les corresponde para garantizar que se no se vulneren los derechos humanos, sobre todo de aquellos que son más susceptibles a ello.
“Hablar de derechos humanos implica realizar investigaciones serias y profundas, no se trata solamente de llevar a cabo consultas externas, es necesario encargarse de la realidad, porque muchos prefieren no tener una voz pública para no cargar con las consecuencias”, pronunció.
Fernández Font refirió que “es importante” tener memoria y no olvidar los actos que han vulnerado a la sociedad, como fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapan, por lo que hay que fungir como la voz de los que no la tienen o que han sido suprimida de la vida política y de lo público.
“Resulta erróneo pensar que solamente las instituciones de gobierno y los organismos políticos deben respetar los derechos humanos, se tienen que generar políticas públicas para que esto haga caer en la cuenta de los gobernantes”, expresó.
Instituciones no garantizan protección: Idhie
Por su parte, Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de dicha institución educativa jesuita, mencionó que la “colonialidad” de los derechos humanos ha derivado en los referentes históricos de discriminación que a su vez están vinculados con ejercicios del poder.
En ese tenor, la académica sostuvo que lo único que se genera es que la actuar de las instituciones no dé una respuesta gradual a los problemas que se generan en la materia, pues por el contrario, sólo revela que hay un “uso faccioso del sistema”.
Lo anterior, refirió, luego de que realizó un análisis de los últimos 10 años en Puebla, es decir, entre los gobiernos de Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas, mismos en los que se detectó que los derechos humanos “vinieron en detrimento”.
Detalló que los programas que han puesto en marcha diversas administraciones no se les ha dado seguimiento, por lo que las violaciones a derechos humanos continúan.
“Si bien por un lado se tienen los elementos estructurales y los recursos, por otro lado hay una contradicción que no lo concreta y eso es justo lo que estamos observando en el estudio, que al momento de operar hay un desconocimiento total de las instituciones o de los operadores de justicia”, arguyo.
