La ejecución de un presunto huachicolero por un militar en Palmarito, así como la de 12 personas en Tlatlaya, Estado de México, y de siete en Calera, Zacatecas, ejemplifica los obstáculos de autoridades civiles y militares en juicios contra soldados.
Así lo señala el informe “La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, elaborado por Ximena Suárez-Enríquez, con contribuciones de Maureen Meyer, y publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés).
De acuerdo con el informe, tras la difusión del video donde se ve a un soldado disparar contra un civil, sometido y tirado en el suelo, quien presuntamente estuvo involucrado en el enfrentamiento entre militares y huachicoleros del pasado 3 de mayo, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como Fiscalía General de Justicia Militar abrieron investigaciones penales en contra del sargento involucrado.
La PGR –refiere– acusó al elemento castrense de homicidio doloso, pero el juez civil encargado del caso consideró que esta dependencia no presentó “pruebas suficientes” para acreditar la participación del soldado en un delito, además de sostener que éste se encontraba en un escenario de guerra “literalmente hablando”.
Jueces atrasan investigaciones de PGR
Este caso –señala– que a veces las decisiones de los jueces dificultan o atrasan las investigaciones de la PGR, ya que, mediante una apelación, un tribunal unitario determinó que sí había evidencia de que la ejecución de la víctima había sido el resultado del uso letal y excesivo de la fuerza”.
Señaló que, durante la investigación, otra dificultad fue que los soldados que declararon en contra del sargento acusado aseguraron haber sido presionados por la PGR para incriminar a su compañero.
Asimismo, advirtió que, pese a que en el enfrentamiento murieron cuatro elementos castrenses, hasta el momento las autoridades civiles y las militares no han dado información sobre los avances en el esclarecimiento de estos homicidios.
Cabe recordar que, el pasado 3 de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explicar su negativa a dar información sobre la ejecución en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac.
