Un juez federal negó a Cabify una suspensión en contra de la cancelación de su permiso para ofrecer su servicio de taxi en Puebla, ordenada por el gobierno estatal, aunque admitió a trámite el amparo para revisar la constitucionalidad de la medida.
Así lo determinó este 18 de octubre el juez tercero de Distrito en Materia de Amparo en San Andrés Cholula, Alfonso Ortil, al sostener que permitir a Cabify volver a operar en dicha entidad sería actuar “en perjuicio al interés social y colectivo”, ya que las acciones estatales buscan controlar a este tipo de empresas para presten sus servicios con “seguridad, equidad de género y respeto a los derechos humanos”.
De acuerdo con Reforma, que difundió el fallo, pese a que Ortil negó la suspensión, admitió a trámite el amparo, por lo que se procederá con un juicio para analizar la constitucionalidad de la cancelación del permiso, lo que podría tomar varios meses.
Ante dicha decisión, Cabify podrá impugnar la negativa de suspensión ante un tribunal colegiado de circuito, que tendrá 48 horas para resolver su demanda. Sin embargo, la empresa no ha emitido un posicionamiento al respecto.
Gobierno exige nuevos protocolos de seguridad
Lo anterior ocurre luego de que, el pasado 22 de septiembre, el gobierno de Puebla, a través de sus secretarías de General de Gobierno (SGG) y de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), retirará el permiso a la empresa trasnacional para operar en Puebla, debido a las “irregularidades en su protocolos de seguridad, evidenciadas en el feminicidio de Mara Catilla Miranda, presuntamente por uno de sus choferes.
Tras esta sanción, la empresa anunció nuevas medidas de seguridad para sus usuarios en todo el país, que incluyen un botón de seguridad para que el usuario pueda alertar al 911 sobre alguna situación de peligro, y un “contacto de confianza”, con quien se puede compartir el trayecto de la unidad.
Por su parte, el titular de la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano, informó el jueves que el regreso de Cabify y la permanencia de Uber, su competidor, en Puebla están condicionados a que ambas empresas actualicen sus padrones de conductores y los sometan a pruebas de confianza.
El funcionario estatal aseveró que esta demanda ya fue dada a conocer a los directivos de Uber y Cabify, con quienes se reunió en días anteriores para pedirles su opinión y “tener ambas posturas” de la situación; en este sentido, aseguró que el gobierno poblano no busca castigar, sino mejorar los protocolos de seguridad.
