Para reivindicarse por llamar a la sociedad “intolerante y sin llenadera”, el diputado local del PVEM, Juan Carlos Natale López, planteó que en los 112 municipios más afectados por el sismo no se cobre predial por tres años a quienes perdieron sus casas.
Sin disculparse por sus declaraciones de la semana pasada, el legislador señaló que su propuesta tiene como objetivo ayudar al bolsillo de las personas que perdieron su patrimonio tras el fenómeno natural del 19 de septiembre.
Al presentar en tribuna a la Comisión Permanente del Congreso de Puebla su punto de acuerdo, refirió que la medida aplicaría únicamente para las personas con pérdida total o parcial, “pero considerable”, de sus viviendas, pues quienes solo registraron fisuras menores no quedarán exentos del impuesto.
Aseguró que la condonación del pago no afectará de manera importante las arcas municipales; además, afirmó que “lo primordial” es que las personas recuperen sus casas.
Los 112 municipios a los que refirió en su iniciativa son los mismos en los que el gobierno estatal declaró en emergencia extraordinaria tras los daños provocados por el movimiento telúrico.
Propuesta será analizada
La propuesta fue aceptada, pero no aprobada, ya que primero se envió a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para su análisis y posterior aprobación o rechazo.
Natale López hizo el planteamiento diez días después de que, también en sesión de la Comisión Permanente, arremetió contra los críticos de la clase política, quienes –aseguró– “son minoría y nada les llena”, en referencia a que en redes sociales se exigía que senadores y diputados donaran su salario a los damnificados.
En esa ocasión, incluso señaló que la prensa criticaba “lo que le convenía”, pues acusaba a los políticos de lucrar con la tragedia, pero no de las donaciones que hacía, pues afirmó que la clase política es “la que más se fajó” tras el desastre.
Por otro lado, en la sesión de este viernes, también se dio entrada al oficio enviado la semana pasada por la Asamblea Social del Agua (ASA), en el cual exigió al Congreso que ordenara a la empresa Concesiones Integrales –administradora del servicio en la capital– que cesen los cortes injustificados del líquido.
Por acuerdo, el documento no fue leído, pero fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente.
