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De foros de seguridad, diputados sin oficinas y edificios que ilustran el sector empresarial

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que este miércoles se efectuará un interesante y plural foro sobre seguridad pública en Puebla desde la perspectiva de la sociedad civil, con la participación de especialistas, académicos, empresarios y víctimas de la delincuencia.

Destacan como ponentes en las cuatro mesas de trabajo que se efectuarán por la mañana y tarde en el auditorio de la Casa de la Cristiandad Héctor Chincoya Teutli, de la Academia Mexicana de Criminología; Jordi Pahul, de Justicia Ciudadana; Erick Gómez Tagle López, de la BUAP; Álvaro Segovia Cruz, del Consorcio Transdisciplinario de Investigación SECARSOS; Juan Antonio Le Clercq Ortega, de la UDLAP; Jorge Espina Reyes, ex presidente de Coparmex; y Manuel Domínguez Gabián, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla.

Entre las víctimas de la delincuencia que participarán en este foro organizado por Red Ciudadana por la Seguridad Pública de Puebla (RCSP) figuran los padres de Erik Bolio, el joven universitario de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas asesinado el pasado 29 de abril durante un asalto a bordo de un autobús de la Ruta 27 del transporte público de Puebla.

Cuatro serán las mesas de trabajo: Experiencias desde la Sociedad Civil, Aportes de la Criminología al estudio de la delincuencia organizada, Poder Legislativo y sociedad civil frente a la inseguridad; y Enfoques y alternativas ante la impunidad y la protección de los derechos humanos.

El Congreso se inaugurará a las 9:00 horas y es abierto a todo el público.

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Rosa Márquez podría ser candidata de Morena a la alcaldía de Puebla

La columna De boca en boca, publicada en Ángulo 7, señala que : Se dice que Rosa Márquez Cabrera podría ser la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla por designación de Andrés Manuel López Obrador, tras un pacto entre este y René Bejarano Martínez y Dolores Padierna Luna, fundadores de Izquierda Democrática Nacional (IDN) y que renunciaron al PRD para sumarse al primer partido.

David Méndez Espíndola, esposo de Márquez Cabrera, es uno de los fundadores de IDN –que a nivel nacional tiene 40 mil simpatizantes- y muy cercano a Bejarano Martínez. De hecho, si el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena no hubiera dispuesto que la candidatura a la alcaldía de la Angelópolis será sólo para una mujer, él sería el candidato, pues es el líder de IDN de Puebla.

Márquez Cabrera fue directora del Instituto de Asistencia e Integración Social del 2000 al 2006, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF).

De 2006 a 2009, fue diputada federal por el PRD; luego asambleísta del DF, cargo en el que duró un año, pues en el 2010 pidió licencia para sumarse al gabinete de Marcelo Ebrard Casaubón (entonces jefe de Gobierno del DF) como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades.

Antes de concluir su gestión, en 2012, se dedicó a apoyar el proyecto presidencial de López Obrador, pero tras perder la elección, se separaron, pues ella se quedó en el PRD y el otro fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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Lucrar con la tragedia, la otra cara del sismo

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que nuestra clase política está colmada de especímenes ancestrales que se niegan a ingresar en una dinámica social verdaderamente participativa e incluyente.

Los avances tecnológicos, el empoderamiento de internet y el auge de ciudadanos anónimos que a través de redes sociales claman por ser tomados en cuenta no han sido correspondidos por los políticos, que aún hoy insisten en tratarnos, a los potenciales electores, como menores de edad.

Si bien el terremoto del 19 de septiembre mostró lo mejor del país, una sociedad civil volcada en apoyo a los damnificados, como en Puebla, también presentó lo peor, una clase política hambrienta de instrumentos de manipulación para obtener, desde ahora y por anticipado, beneficios electorales.

Las horas siguientes al sismo del martes 19 sirvieron para exponer condolencias, mensajes de solidaridad, palabras de aliento y llamados a los partidos políticos a no lucrar con la tragedia.

Ninguno hizo caso.

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Los cómplices de Carrancá

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que a penas ayer se mencionaba en este espacio un feminicidio más en Tecuanipan, el de Iraís, una maestra de bachillerato que también trabajaba como taxista y que se convirtió en el número 84 de este año, de acuerdo con los recuentos de organizaciones de la sociedad especializadas en violencia de género. También cuestionamos el papel del fiscal, Víctor Carrancá, que poco o nada ha hecho para esclarecer la mayoría de los asesinatos de mujeres en Puebla.

Sin embargo, pareciera que el fiscal carnal tiene un manto protector en diversas esferas, entre ellas, la de los diputados locales que se oponen, una y otra vez, a que el funcionario entregue un informe con el número de feminicidios cometidos Puebla desde el 2014 a la fecha, y el total de sentenciados por este delito.

La iniciativa para exigir cuentas a Carrancá fue presentada por la diputada, Geraldine González, quien a través de un Punto de Acuerdo explicó la urgencia de estos datos ante la situación de riesgo que viven las mujeres en la entidad. Sin embargo, los diputados de la Comisión Permanente, buscaron –y encontraron– las trabas burocráticas legales para impedir que esto ocurriera.

El argumento del diputado, Ignacio Mier Bañuelos, fue que el Punto de Acuerdo se enviaría a comisiones y que se daba un plazo de dos semanas para que se determine si procede o no el exhorto de la legisladora.

Como el lector verá, Ignacio Mier, le quiere ver la cara a los ciudadanos. En la solicitud solo se está pidiendo que se informen números, de feminicidios, de detenidos, de sentenciados; más no las carpetas de investigación de los más de 80 casos que se viven en Puebla solo en este año.

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Lastiri manipulará políticamente la ayuda a los damnificados por el sismo

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la decisión del gobierno federal de mandar a Puebla a Juan Carlos Lastiri Quirós a encabezar los trabajos de reconstrucción de los daños provocados por el sismo de hace una semana, es un despropósito que va a empañar el proceso de atención a los damnificados por el desastre. El subsecretario de la Sedatu va a contaminar políticamente y económicamente el respaldo oficial que se brindará a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

Para constatar lo anterior hay que echar un vistazo a la cuenta de twitter del subsecretario de la Sedatu, quien ha estado subiendo mensajes relacionados con cada acto que encabeza para conocer los daños provocados por el sismo, los cuales se están utilizando no para informar a la opinión pública, sino para que se promocione como posible candidato del PRI a la gubernatura.

Tal situación plantea una actitud perversa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que antes de pensar en ayudar a los damnificados antepuso el interés de posicionar al PRI y a uno de sus posibles candidatos, aprovechando la tragedia que se generó con el sismo.

Por lo menos hay tres razones por las cuales Juan Carlos Lastiri tendría que ser removido de la responsabilidad asignada:

Primero: para nadie es un secreto que es un servidor público que tiene fuerte intereses en varias empresas constructoras, curiosamente dedicadas a la edificación de casas de programas sociales. Esa condición genera la suspicacia de que el también ex alcalde de Zacatlán podría aprovechar la coyuntura para hacer negocios.

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¡Es la impunidad!, estúpidos

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que antes y después del sismo, el problema de la delincuencia asociada a la impunidad se convierte en la causa principal de Puebla. Problemas que potencian todos los demás: la violencia de género, los feminicidios, las extorsiones, los asaltos en el transporte público, los homicidios dolosos y claro, el huachicol.

La encuesta de ENVIPE 2017 nos hace aterrizar de nuevo en la realidad tras el shock del terremoto. De un año a otro crece la cantidad de delitos, la cantidad de víctimas, y sobre todo crece el número de poblanos que se dan por vencidos y prefieren no denunciar. Para la autoridad mejor, para la sociedad peor porque carecen de la capacidad de procesar el estado de violencia que vive la entidad.

Para presumir sus logros en materia de seguridad pública, los gobiernos se aferran a las cifras de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Puebla y luego remiten al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí vamos de gane. Pero la realidad es otra.

En apenas un año creció 15 por ciento el número de ilícitos: en Puebla se cometieron un millón 300 mil delitos cuando en el previo ocurrieron un millón 130 mil. Para darse una idea: la delincuencia crece a un ritmo que duplica por mucho el crecimiento de la economía. O desde otra perspectiva: crece al doble la delincuencia porque no crece la economía.

A ritmo poco menor crece la cantidad de víctimas mayores de 18 años: pasó de 942 mil poblanos a un millón 58 mil, un incremento de 12 por ciento.

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¡Serenaos, Infieles! (la “Absurda Ocurrencia” de Eliminar las Prerrogativas a los Partidos)

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna , publicada en 24 Horas Puebla, indica que ¿Cómo fue que pasamos de la sensata propuesta de reducir el presupuesto público a partidos a la absurda ocurrencia de eliminarlo por completo?

Esto se preguntó el lunes 25 de septiembre el talentoso Carlos Bravo Regidor, director de la Maestría en Periodismo del CIDE, luego de que trascendieron las propuestas de prácticamente todos los dirigentes partidistas en el sentido de que habría que hacer una reforma para que la totalidad de las prerrogativas sea utilizada en la reconstrucción de los estados dañados por el sismo.

Todo empezó cuando en redes sociales circuló un mensaje que se hizo viral.

En pocas palabras se pedía que el INE no les diera ni cinco centavos a los partidos políticos.

La propuesta fue llevada a Change.org, donde rompió el récord de visitas, una vez que la petición de que los 7 mil millones de pesos destinados a las campañas del próximo año alcanzó cerca de dos millones de firmas.

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